Los historiadores suelen repetir en sus cátedras que el problema de la tierra es también el de la violencia en Colombia. Y al Gobierno del presidente Gustavo Petro le estalló esta semana una papa caliente que los mandatarios desde 1936 han tratado de controlar.
En la mañana del 8 de julio un grupo de 250 campesinos –que viajaron desde regiones como Tolima, Cauca, Atlántico y Antioquia– se tomaron la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá. Instalaron carpas e hicieron sancochos al interior de la entidad.
Los manifestantes, que se replicaron en varios puntos del país, arengaron por su descontento con los avances ínfimos de la reforma agraria.
Hasta 2018, indicó un análisis de Oxfam, en Colombia el 1 % de las fincas tenían acaparado el 81 % de la tierra productiva. Además, el 99 % de los campesinos se repartía el 19 % de los terrones sobrantes
Por eso, el Acuerdo de Paz de 2016 estableció en su primer punto la necesidad de una reforma agraria. Para que los campesinos tuvieran garantía de acceso a un tajo de tierra para cultivar y, así, abrirle la puerta al desarrollo rural.
Cuando el presidente Gustavo Petro asumió el poder, tomó las banderas de la reforma agraria como propias y las incluyó en su Plan de Desarrollo. Han pasado 707 días del mandato y los avances son pocos.
“Hay un nivel de compras muy bajo y cuando esto ocurre hay muy poca adjudicación. Hay un retraso enorme en la formalización de los predios que es un Acuerdo que se firmó en la Habana y que el Gobierno del presidente Gustavo Petro recogió y lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo” señaló Carlos Jerez, vocero de la Agenda Nacional Campesina en diálogo con EL COLOMBIANO.
El Gobierno se comprometió a comprar un millón de hectáreas durante su mandato y hasta ahora las cifras indican que este proceso apenas alcanza las 104.000 hectáreas compradas. Aun cuando solo en el departamento de Córdoba hay 160.922 solicitudes de campesinos que piden adjudicación de tierras (ver gráfico).
“El hecho de que solo se compraran 100.000 hectáreas indica que hay una subejecución importante. Solo la ANT tiene para este año un presupuesto billonario. Esta demora dificulta aún más que el terreno quede adjudicado con escrituras a los campesinos”, añadió Jerez.