Las matas de coca sembradas actualmente en Colombia, de acuerdo con el más reciente informe de la Agencia para el Control de Drogas, DEA, alcanzarían para cubrir tres veces la superficie de una ciudad como Cali.
Para la autoridad de Estados Unidos, según el documento divulgado esta semana, en el país se pasó de 159.000 hectáreas en 2015 a 188.000 en 2016, lo que representó un aumento del 18 % en los cultivos de hoja de coca.
El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cuestionó la estadística de la DEA al indicar que la única fuente para el Gobierno, en materia de medición de cultivos de hoja de coca, es Naciones Unidas a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.
Aunque la ONU, en el texto ‘Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016’, reportó que el año pasado se contabilizaron 146.000 hectáreas en el país, 50.000 más que 2015, lo que sí es cierto es que los dos informes coinciden en un incremento en el cultivo ilegal que alcanzaría, por lo menos, para dos urbes como la capital del Valle.
La región del Pacífico representa el 39 % del total de hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, teniendo en cuenta el informe de la ONU que detalla la estadística por las principales regiones del país. De 40.594 hectáreas en 2015 se pasaron a 57.777 en 2016, en un territorio que abarca Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
“Para 2016, se alcanza el punto más alto de toda la serie histórica, 57.777 hectáreas; esto es 5 veces más que lo detectado en 2001. La región, pero en particular el departamento de Nariño, muestra un fuerte incremento de los cultivos de coca desde 2013”, cita la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Tumaco, once grupos criminales defienden a sangre y fuego las 23.148 hectáreas de hoja de coca. Algunos de estos son el ‘Clan del Golfo’, ‘Guerrillas Unidas de Pacífico’, ‘La Empresa’, ELN y la ‘Gente del Orden’, golpeado esta semana con la captura de su cabecilla ‘Sapalacho’.
Junto a estas bandas está ‘Cachi’, un señalado narco de Tumaco, municipio donde se cultiva el 16 % de la hoja de coca del país.
Un informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación y La Iniciativa Unión por la Paz, cita que en Tumaco no solo se concentran los cultivos coca, también allí las cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína se cuentan por centenares.
Además, “al ser zona de frontera se convierte en municipio de salida de droga. Es decir, en un pequeño territorio se concentra gran parte de la cadena criminal del narcotráfico”.
Por eso, lo que ocurrió en Tumaco a comienzos de octubre cuando siete campesinos fueron asesinados durante protestas contra la erradicación forzada, puede suceder en otros diez municipios, advirtieron las dos organizaciones de derechos humanos.
Cauca, el segundo más cocalero
La coca no solo se concentra en el departamento de Nariño. El Cauca es la segunda región del Pacífico con más cultivos de coca.
Según el registro de las Naciones Unidas, en 2016 se reportaron 12.595 hectáreas cultivadas de mata de coca, 3935 hectáreas más que 2015 cuando se registraron 8660 hectáreas sembradas.
El municipio caucano más afectado es El Tambo, donde estaría concentrada la tercera parte de toda la coca del departamento.
Celio Urresty Mesa, alcalde de este municipio, donde actualmente hay 5300 hectáreas de hoja de coca sembradas, dice que ya se han hecho acercamientos con al menos 1600 familias para acogerse al programa de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, esto no significa que ya hayan erradicado sus sembrados ilegales.
“Los cultivos de estas personas no son industriales, ellos máximo tendrán una hectárea de hoja de coca. Por el momento se está haciendo con el Gobierno Nacional un proceso de caracterización”, afirma el Mandatario.
Urresty Mesa indica que los cultivos de hoja de coca en su municipio están a seis o siete horas de la cabecera municipal de El Tambo en zonas como Huisitó, Playa Rica, San Juan y La Gallera.
“El campesino de acá, comparado con otros de otras regiones del país, tiene la ventaja de que es consciente de que cultivar coca trae sus consecuencias y por eso tienen la voluntad de cambiar los cultivos por los de chontaduro, aguacate, cacao y café”, cuenta el Alcalde.
El Mandatario reconoce que aunque las ganancias mensuales que puede dejar un cultivo de coca son mayores a las de cosechas legales, los campesinos de El Tambo prefieren “ganar tranquilidad” cultivando legal, acompañado de actividades como la ganadería y la porcicultura.
La creciente siembra de coca en el país tiene que ver con la rapidez con la que se cosecha este cultivo ilícito.
Mientras que cada tres meses los cultivos de coca dan sus ‘cosechas’ en el país, en zonas cálidas como muchos municipios del Cauca, otros que son legales tardan hasta seis meses o un año en dar frutos.
El coronel Arlex de Jesús Escobar, comandante de la Regional 4 de la Policía Antinarcóticos, dice que en el Cauca hay 233 hectáreas de marihuana y 162 de amapola.
“Lo que está con acuerdo de sustitución de cultivos no se puede someter a erradicación forzada, excepto cultivos superiores a 3.8 hectáreas”.
El Coronel explica que en zonas donde no existan acuerdos de sustitución, Antinarcóticos puede erradicar las matas de coca sin importar el tamaño del cultivo.
Después de la coca, el segundo cultivo ilegal en el Cauca es la marihuana, muestra de ello es que en 36 de los 42 municipios hay invernaderos para acelerar la ‘cannabis’.
Situación del Valle
En 2016, la ONU registró 752 hectáreas sembradas de coca. La zona rural de Buenaventura, la más afectada. Tras denuncias, el viernes se erradicaron dos hectáreas en la vereda La Esperanza.
En los últimos nueve años el Valle ha estado por debajo de las 1000 hectáreas de coca. Solo 2008 fue el año que registró un pico de 2089 hectáreas.
Hay más de 100 hectáreas de coca en la zona rural de Jamundí que son controladas por disidentes de las Farc.
“El Gobierno fue ingenuo”: asesor sobre proyecto de ley
La siembra de cultivos ilícitos como la coca tiene enfrentados al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y al Gobierno Nacional.
El ‘agarrón’ es por cuenta del proyecto de ley que beneficiaría a pequeños cultivadores de plantas ilícitas (coca, marihuana y amapola) al ofrecer una propuesta de tratamiento penal diferencial a los campesinos que tengan sembradas las matas ilegales.
La iniciativa, según el texto radicado en el Congreso de la República, no incluye a “aquellos financiadores de las plantaciones, sus semillas o cosechas, cuya pertenencia a una organización criminal sea comprobada (...) y quienes realicen las actividades de procesamiento de las hojas, flores, semillas o látex de opio obtenidos de la planta destinada a la producción de drogas ilícitas”.
Frente al polémico proyecto de ley radicado por el Gobierno, Carlos Montoya Cely, de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo que el mensaje enviado por el Estado es que se mantiene la guerra contra los cabecillas de las organizaciones de narcotráfico, quienes son los que están arriba de la cadena criminal.
“Es positivo el proyecto en el sentido que el Gobierno entiende que el problema de cultivos ilícitos va más allá de quitar una mata. Es crear unas condiciones para esta población que permitan el tránsito hacia la legalidad mediante la sustitución sostenible”.
El coronel (r) Carlos Arturo Velásquez Peláez, asesor e investigador en seguridad y defensa nacional, coincide con Montoya Cely en el sentido de que el proyecto de ley es acertado al abrir las puertas a los campesinos para una sustitución de cultivos.
Sin embargo, cree que el Gobierno “fue ingenuo al pretender desconocer la realidad del país, donde actualmente hay una reincidencia de algunas organizaciones por un negocio que es rentable como lo es cultivar la hoja de coca para la elaboración de la pasta de coca”.
Velásquez Peláez dice que el Gobierno no ha pensado en que hay muchos colombianos que viven en regiones remotas del país, a cuatro o seis horas de los cascos urbanos, lo que dificulta la salida de cosechas para poner a la venta.
“Entonces, ¿quiénes están presentes en esas zonas? Pues las organizaciones de narcotráfico. Si el Estado permite que esos grupos tengan una ‘amnistía’ pues se está fomentando que ellos sigan generando más narcotráfico y los cultivos se van a incrementar más”, dice el Coronel (r).
Por ejemplo, en muchos caminos del Cauca todavía hay campesinos que transportan sus productos en mulas.
Según cálculos de las Naciones Unidas, estimados en el informe de ‘Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016’, el número de hogares involucrados en el cultivo de coca, para entonces, era de 106.900 familias, que equivalen aproximadamente a 400.000 personas.
Durante el 2015, el número de hogares con hoja de coca era de 74.500, estadística menor a la del año 2016.
Cultivos en cifras
Del 35 % de toda la amapola que tiene el país, que según la ONU son 462 hectáreas, el 65% está concentrada en Nariño y un 35% en Cauca.
Datos de Naciones Unidas indican que el ingreso promedio anual bruto por persona, de la producción de hoja, pasta básica y base de cocaína es US$ 960, lo que equivale a casi $2.900.000.
Caldas y La Guajira, los dos departamentos que desde 2013 no tienen coca cultivada, según reporta ONU.
Cultivos de coca suben un 32 % en resguardos indígenas en el país.
La afectación por cultivos de coca en los resguardos indígenas en el país registró un incremento. En 2015 había sembradas 11.837 hectáreas en estos territorios a lo largo y ancho de Colombia, sin embargo, el año pasado se reportaron 15.665 hectáreas, un 32 % más.
El reporte Simci de Naciones Unidas indica que el 49 % del área sembrada con coca en áreas indígenas se concentra en siete resguardos de la zona Pacífico, de los cuales seis hacen parte de Nariño.
A pesar del incremento, la representación de los cultivos sobre el total de hectáreas sembradas en el país registra la disminución porcentual de un punto frente a lo reportado en 2015, alcanzando un 11 %.
El territorio indígena con mayor afectación es Inda Zabaleta, espacio de la comunidad awá.
En esta zona hay 2520 hectáreas de la hoja de coca, un 23 % más que en 2015 cuando se identificaron 2048, según cifras de las Naciones Unidas.
Adiela Zuleta, una líder que trabaja con 50 madres indígenas que hacen parte de los resguardos Inda Zabaleta e Inda Guacaray, defiende la siembra de hoja de coca porque, según ella, es el principal sustento de los indígenas de la zona.
“Debo defender que estos cultivos representan ingresos para las familias que quieren acceder a educación y alimentación, por eso es que cuando llegan los erradicadores se van hombres, mujeres, niños y hasta mujeres embarazadas a defender los sembrados. Los que no tienen una mata de coca en su casa pueden pasar hambre hasta por 15 días porque no tienen un ingreso económico familiar para comer”, cuenta la mujer.
No obstante, al otro lado de la línea, Adiela afirma que desde hace un tiempo busca que el fin de la hoja de coca sea distinto.
“Yo, de manera personal, he venido trabajando con las madres de familia para aprovechar la hoja rescatando las propiedades medicinales de esta, porque con la coca se cura hasta el reumatismo. Otro fin también es hacer abono para los cultivos con lo que queda del proceso al que muchas personas someten la hoja”, expresa Adiela Zuleta.
“Esperamos cumplir la meta a mayo de 2018”
Al 23 de octubre de este año 19.402 familias fueron vinculadas al ‘Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito’, Pnis, quienes ya recibieron el primer pago del Gobierno. Estas personas están en proceso de erradicación de las plantas ilegales de sus predios.
En los acuerdos individuales, las familias certificaron tener en total 12.023 hectáreas de coca, información verificada y monitoreada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc.
Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, dice que a la fecha son 28.000 las familias (19.402 en proceso de erradicación) que han declarado interés de vincularse al Pnis. El Gobierno anhela tener a noviembre 35.111 familias.
“Nosotros esperamos cumplir la meta de tener en mayo del otro año 50.000 hectáreas de coca erradicadas en el país, pese a las dificultades que hemos tenido. Los trabajos los estamos haciendo en compañía de organizaciones comunitarias y con apoyo de las Farc, en cumplimiento del punto cuatro del acuerdo de paz”, dice el funcionario.
En Nariño, en especial en la zona del Alto Mira, donde ocurrió la masacre de siete campesinos hace unas semanas, ya hay dos mil familias que ingresaron al programa y esperan en noviembre que el Gobierno les entregue un subsidio.
El apoyo económico consiste en $1.000.000 mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario. El subsidio es hasta por 12 meses.
“En el Cauca se han firmado acuerdos colectivos municipales en Sucre, el Tambo, Miranda, Jambaló, Corinto y Morales. En total, son cerca de 12 mil familias que tienen cerca 10.000 hectáreas”, dice Díaz Uribe.
Sin embargo, un acuerdo de voluntades no significa que ya haya erradicación de los cultivos. Posterior al proceso de manifestación de voluntad de cambio de cultivo, el Gobierno debe hacer preinscripción de las familias en asambleas comunitarias para hacer un primer filtro y después sí vincularlas al Pnis para iniciar la erradicación.
Campesinos de El Tambo y Miranda serían los primeros del Cauca en erradicación si cumplen los requisitos de aquí a noviembre.
En lo que corresponde al Valle del Cauca, en los municipios de El Dovio y Bolívar ya se vincularon 361 familias al programa, quienes reportaron 200 hectáreas de hoja de coca. Según datos de Naciones Unidas, en el departamento hay 752 hectáreas del cultivo ilícito.
¿Qué sigue después del subsidio?
Durante el primer año, cada hogar recibiría $1.800.000 para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
De igual forma tendrían $9.000.000, por una sola vez, para la adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura y avicultura. A partir del segundo año, el Gobierno debe invertir hasta $10.000.000 en proyectos productivos y atención con mano de obra.
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