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Procuraduría exige al Icbf medidas para frenar mutilación genital en niñas indígenas: 9 casos en los últimos días
El Ministerio Público le lanzó fuerte llamado de atención al Instituto y le solicitó un informe detallado de las acciones que adelanta para evitar el flagelo.
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Recientemente se han presentado 9 casos de ablación en niñas indígenas de Pueblo Rico en Risaralda FOTO: Colprensa
20 de abril de 2023
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá que responder por el caso de una bebé indígena de la comunidad Embera Chamí a la que le fue practicado un procedimiento de ablación (mutilación genital). La Procuraduría le pidió explicaciones a ese instituto sobre las acciones que están implementando para combatir esta práctica en niñas y adolescentes indígenas.
Así mismo, el Ministerio Público solicitó un reporte sobre las gestiones para el restablecimiento de los derechos de la bebé indígena y su madre adolescente de 15 años. A eso se le suma que el Icbf también tendrá que confirmar si se han adelantado escenarios de diálogo o sensibilización con las autoridades del resguardo Gito Dokabu de Pueblo Rico (Risaralda) y con las comunidades y pueblos indígenas en los que se ha identificado este flagelo.
Además, en términos generales, atendiendo a que la mutilación genital femenina corresponde a una forma de violencia sexual y en cumplimiento de las funciones preventivas y de control, el ICBF deberá reportar al Ministerio Público el número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD, abiertos desde el año 2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.
Precisamente, en el Hospital San Rafael de ese municipio han atendido en los últimos días por lo menos 9 casos de menores violentadas, incluso investigan un caso de abuso sexual. Frente a lo ocurrido, el ICBF se pronunció e indicó que se van a tomar todas las medidas necesarias para frenar este tipo de violencia. En ese sentido, aclararon que ya iniciaron diálogos con los gobernadores indígenas de las comunidades.
Según Claudia Patricia Serna, directora del ICBF en Risaralda, los casos ya se elevaron a la Fiscalía, se establecieron rutas de atención para cada entidad y continuarán con el seguimiento al estado de salud de las menores afectadas. También iniciaron un proceso con antropólogos expertos para determinar por qué se reactivó la práctica luego de llegar a acuerdos para que no se practicara.
Periodista de la sección Actualidad.
