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En las pesquisas que iniciaron los principales entes de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación han permitido identificar posibles irregularidades en 53 contratos realizados durante la emergencia por la pandemia de coronavirus, que suman un valor de 135.918 millones de pesos.
Dentro de las modalidades contractuales por sector se tienen 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y 5 contratos de publicidad.
Los principales casos
En las primeras decisiones tomadas por la Procuraduría se destaca la suspensión por tres meses del alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y su secretario Administrativo, José Garzón, por la presunta falsificación de un contrato para la repartición de mercados por 396 millones de pesos. Así mismo, en la mañana de este viernes fue suspendido provisionalmente por tres meses el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por un contrato por más de 2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
Así mismo, la Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos contra Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, su secretario de Gobierno y su secretario de Desarrollo Social, así como el coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria covid-19.
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Siguen las investigaciones
La Contraloría continúa en la acción preventiva sobre 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de
Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y 1 proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.
La Procuraduría ha asumido más de 990 acciones preventivas a nivel País. En materia contractual se han analizado 5.586 contratos por un valor de 1.4 billones de pesos, 18 % del orden nacional y 82 % territorial. De momento, priorizó para tramite inmediato 588 casos. En materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el tramite a juicio disciplinario y siete investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, dos (2) indagaciones preliminares relacionadas con entidades del Orden Nacional, se iniciaron cinco (5) indagaciones en contra los gobernadores de los departamentos de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada.
En el alto Gobierno
Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el alto Gobierno. El fiscal Francisco Barbosa anunció la apertura de una investigación preliminar contra el ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Zea Navarro, proceso que será llevado por fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, dada su calidad de aforado, y serán vinculados con otros funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y de Finagro.
Sin ofrecer más detalles sobre el caso, el ente acusador indicó que el proceso que involucra al ministro tiene que ver con los créditos de emergencia que entregó Finagro, cuyos recursos habrían ido a parar a actividades no productivas.
Así mismo, llegarán a la Corte Suprema los procesos abiertos especialmente por sobrecostos en los contratos de alimentos, de insumos médicos o publicidad contra los gobernadores de Vichada, Álvaro Arley León Flórez; Magdalena, Carlos Caicedo Omar; San Andrés, Everth Hawkins; y Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Contra este último avanzan sendas investigaciones e indagaciones preliminares fiscales y disciplinarias.
“En las próximas semanas se presentarán los resultados de imputaciones y medidas de aseguramiento como estrategia de persecución contra la criminalidad”, advirtió Barbosa.
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También en Arauca
El contralor Felipe Córdoba detalló por su parte que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos contra el gobernador de Arauca por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria covid-19.
La Contraloría estableció un presunto sobrecosto del 31 % en los kits adquiridos. En el ya famoso contrato del atún de 19.000 pesos se encontraron sobrecostos en productos como: sal (145 %), panela (206 %) y pasta (211 %). Además, la entidad de control fiscal evidenció falta de planeación en esta contratación por 4.463 millones, ya que no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista, que tampoco están soportados.
El proceso también implica a los secretarios de despacho Carolina Muriel Zea, de Desarrollo Social y Equidad de Género; Luis Merardo Tovar Altuna, de Gobierno y Seguridad Ciudadana; y Edward Enrique Portillo, coordinador de Gestión del Riesgo Departamental, así como el contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, representada legalmente por Hebert Ernesto Espinoza Braga.