La Procuraduría Provincial de Armenia abrió investigación y suspendió preliminarmente por tres meses a Luis Alberto Balsero, alcalde de Calarcá (Quindío) y a su secretario administrativo, José Winser Garzón, por presuntas irregularidades en la compra de mercados para la atención de personas vulnerables ante la pandemia del coronavirus.
El contrato que está en entredicho tiene un costo de 396 millones de pesos y la alarma la encendió Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, propietario de el Supermercado El Progreso, quien es el contratista, y asegura que el contrato que firmó y efectivamente despachó era solo de 15 millones de pesos y que el contrato que aparece en el sistema por la cuantiosa suma tiene falsificada su firma.
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“Esto debe servir de ejemplo para todo el país, ya que las emergencias no son para abusar de las facultades que tienen los alcaldes y cometer irregularidades tan delicadas como las que se demostraron para tomar la medida de suspensión en el municipio de Calarcá”, asegura el comunicado de la Procuraduría Provincial.
Ambos funcionarios son los primeros en ser sancionados por el presunto mal manejo de recursos durante la emergencia.
