La Procuraduría entregó un concepto sobre los crímenes cometidos por la extintas Farc en la región del Urabá. El órgano de control pidió, a quienes comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que reconozcan sus crímenes y pidan perdón.
Este miércoles se conoció un concepto que entregó el Ministerio Público a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. En él enfatizan en los crímenes de reclutamiento forzado y violencia sexual contra las mujeres en el Urabá.
La Procuraduría recopiló testimonios en versión libre y concluyó que los altos mandos de las Farc tenían dentro de sus estatutos la prohibición a la mujer de tener hijos, el reclutamiento forzado de menores sistemático y el beneficio económico del narcotráfico.
Pese a la evidencia, dice la Procuraduría, los jefes del frente 5, que operaba en la zona, todavía no reconocen varios de los delitos graves de los que se les acusa en la JEP.
Entre lo recopilado por el Ministerio Público se encuentra el testimonio de una niña reclutada. Ella, según el material entregado, fue obligada a sostener relaciones sexuales con su superior a cambio “de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra”.
Ante la exposición de este y otros casos, que se extiende por 109 páginas, la institución que lidera Margarita Cabello “solicitó a las Farc pedir perdón a la sociedad civil colombiana por el centenar de niños que reclutaron para la guerra”.
A la Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz, la Procuraduría pidió que se profundice en la financiación que tuvo las Farc para determinar “las fuentes (de ingresos) que tuvieron para cubrir los gastos de guerra”.
El órgano de control también pidió que la JEP entre en detalle a las violaciones a los derechos humanos cometidos en La Chinita (1994) y Bojayá (2001), acciones de las que se señala al frente 5 de las Farc como responsable.
