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Procuraduría le solicita a la JEP ampliar la declaración de “Otoniel” desde Estados Unidos
La entidad pide que Úsuga hable sobre su pasado guerrillero y paramilitar. También plantea interrogatorios sobre alianzas con la Fuerza Pública y surgimiento de bandas antioqueñas.
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Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue extraditado a Estados Unidos el 4 de agosto de este año. La Corte Suprema autorizó ese movimiento con la condición de que pudiera seguir aportando testimonios desde allá. FOTO: CORTESÍA.
16 de agosto de 2022
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Una nueva autoridad se unió a la petición de escuchar al extraditado exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, quien permanece en una cárcel estadounidense de máxima seguridad desde el pasado 4 de mayo. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación le envió una petición a la Jurisdicción Especial para la Paz para que amplíe el testimonio de alias Otoniel sobre su paso por la extinta guerrilla de las Farc, el EPL y las AGC.
A través de un documento de 11 páginas, el ente de control le reiteró a la JEP que, pese a que Otoniel “fue extraditado a los Estados Unidos de América, su condición de testigo se mantiene”, por lo que pidió abrir los canales necesarios para que el exnarcotraficante revele información relevante para las víctimas.
Según la Procuraduría, en el momento en que las autoridades lo enviaron a Estados Unidos se suspendió el proceso de escucha que se había mantenido con Úsuga dejando “mucha información de vital importancia sin conocerse”. Una situación que, según dijo el Ministerio Público, perjudica a las víctimas directas de el excapo, “quienes requieren una reparación y protección especial”.
Tras participar en por lo menos cuatro grandes grupos armados y liderar varios de ellos, la Procuraduría estima que el exparamilitar podría aportar información relevante en tres macrocaso de la JEP: en el 03, que aborda los falsos positivos; el 04, que investiga la situación territorial del Urabá y el 06, que profundiza en las victimizaciones hacia miembros de la Unión Patriótica.
Sobre todos ellos, la entidad espera que la Jurisdicción profundice en cómo se organizaban esos grupos ilegales, con quiénes se aliaban y qué modus operandi utilizaban para ganar terreno y cometer los crímenes.
Sumado a eso, la JEP pide que se le interrogue al exjefe del Clan del Golfo sobre: “desaparición forzada, practica de tortura, violencia sexual, secuestro extorsivo, métodos y medios prohibidos usados en el conflicto interno, eventuales delitos y daños ambientales, individualizar las personas (dirigentes políticos, alcaldes, terceros civiles, militares, policías), que coadyuvaron y financiaron la guerra; profundizar sobre la creación del movimiento Esperanza Paz y Libertad, sobre muertes sistemáticas por parte de las FARC-EP, contra integrantes del EPL y Comando Populares, si sabe de fosas comunes y lugar de inhumación de los cuerpos; ampliación de los hechos sobre los enfrentamientos de la casa Castaño con las disidencias del EPL y las FARC-EP”.
Interrogatorios sobre un exfiscal y varios altos mandos
Entre la lista de temas a tratar, la Procuraduría también mencionó con nombres propios a varios de los exfuncionarios que ha salpicado Otoniel en los encuentros que sostuvo con la JEP antes de ser extraditado.
Dentro de esas peticiones, la entidad solicita que se le pregunte por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Sobre él, pide “ampliar información del porqué considera que el exfiscal quería básicamente el sometimiento de las AGC siendo que los beneficios eran muy pocos”, y “sobre cuál cree que fue la razón para que se haya fraguado ese acuerdo”.
También insiste en que Úsga diga “qué otros nombres de oficiales recuerda que hayan participado o que tuvieron conocimiento de los operativos entre paramilitares y Fuerza Pública, diferentes al mayor Clavijo, teniente Pacheco, teniente Meza, capitán Carvajal, mayor Londoño, capitán Pérez, teniente Mantilla, sargento Gutiérrez, Coronel Pérez, Coronel Plaza Acevedo, general Leonardo Barrero, General Torres Escalante” así como a detallar cómo se comercializó la coca y cuál fue el verdadero papel de estos grupos en la cadena de distribución del alcaloide.
Sobre Antioquia, la Procuraduría pide que se le pregunta si recuerda hechos de pago de dinero a la fuerza pública por parte de las AUC, “por operativos realizados en coordinación con estos, qué otros hechos recuerda que la Casa Castaño haya realizado en la región de Urabá, qué más sabe de la guerra desatada de las AUC contra grupos de la “Oficina” en el sector del Bajo Cauca, Medellín y Córdoba, ampliar la información sobre que otros acontecimientos se dieron contra pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicamente diferenciados, entre otros”.
Por ahora, la JEP no se ha pronunciado sobre si aceptará esa petición de la Procuraduría. Sin embargo, sí está claro que la Jurisdicción ya está buscando pista para hablar con Dairo Antonio Úsuga mientras paga su condena en Estados Unidos.
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.
