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Procuraduría pidió explicaciones por las denuncias de explotación sexual de niñas indígenas en Guaviare
La entidad pidió reportes de atención y prevención a estos casos en el Guaviare.
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La Procuraduría pidió explicaciones a las autoridades del Guaviare después de que se conoció la denuncia de un militar estadounidense señalado de abusar de varias menores indígenas. FOTO: ARCHIVO / ILUSTRATIVA
La Procuraduría General de la Nación se pronunció para pedir explicaciones a las entidades del departamento del Guaviare después de que se conoció una denuncia de supuestos abusos sexuales de parte de un militar estadounidense a menores de edad indígenas.
Al respecto, el Ministerio Público le pidió a seis entidades del Guaviare que le informen las acciones que se hicieron entre 2019 y 2022 para garantizar los derechos fundamentales de la población infantil de las etnias jiw y nukak, que serían víctimas de explotación y violencia sexual.
De acuerdo a la entidad, se envió una comunicación al gobernador del Guaviare, al alcalde de la capital, San José del Guaviare, al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la comisaría de familia, la directora seccional de fiscalías y el defensor del pueblo regional.
“El ente de control requirió a la Fiscalía, la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional y las defensorías de familia del ICBF datos sobre las denuncias recibidas, entre 2019 y 2022, por hechos relacionados con explotación y violencia sexual de menores de edad pertenecientes a las mencionadas comunidades indígenas”, explicó la Procuraduría.
En ese contexto, la entidad aclaró que desde 2021 inició una acción preventiva para que se garanticen los derechos fundamentales de esta población indígena, y advirtió que si en desarrollo de las investigaciones se determinan como posibles responsables miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos, deberán indicarlo.
“El ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias jiw y nukak que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso”, apuntó el Ministerio Público.
Entre tanto, la Procuraduría regional del Guaviare pidió a los entes locales requeridos que expliquen las estrategias que han implementado para mitigar la explotación y violencia sexual, así como el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores de edad indígenas.
En ese sentido detallaron que los informes solicitados a las autoridades locales y departamentales deberán contener los resultados obtenidos entre 2019 y 2022, cifras, población beneficiada e impactada y responsables de las acciones desarrolladas.
