La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno y las Fuerzas Militares un detallado informe sobre las acciones que han diseñado para evitar que se registren casos de retenciones ilegales de parte de la población civil a militares y policías en el territorio nacional.
El ente de control requirió mediante una comunicación escrita al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y al Departamento de Policía del Cauca, por cuenta del caso registrado el pasado 11 de mayo en la región de Patía, en Cauca, donde la comunidad, según la Procuraduría, mantuvo secuestrados a un grupo de 18 uniformados.
“Mediante comunicación escrita, la Procuraduría requirió un informe sobre los planes de acción diseñados para evitar que hechos como el secuestro de 26 militares y 2 policías que cumplían su deber de luchar contra el narcotráfico, se sigan presentando”, expuso el ente de control.
Este caso desató polémica debido a que los 28 uniformados fueron retenidos ilegalmente por parte de comunidades campesinas cuando se disponían a destruir más de una tonelada de cocaína que fue incautada y la comunidad intervino para impedir la destrucción del alijo de droga.
“Se solicitó a los destinatarios de su misiva informar si se está adelantando la respectiva investigación y judicialización de las personas que participaron en el presunto secuestro del pasado 11 de mayo, cuando, al parecer, comunidades campesinas del Patía retuvieron ilegalmente a 28 miembros de la fuerza pública, obstruyendo los operativos que desarrollaban”, agregó el ente de control.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca señaló que esta solicitud de información está encaminada a “prevenir que ciudadanos de la zona obstaculicen nuevamente el cumplimiento de las funciones asignadas a los militares y policías” para mantener el orden en el departamento.
