La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, quien ejercía como secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por un contrato de suministro que habría demandado una inversión cercana a los $10 mil millones para la compra de uniformes.
Los hechos objeto de investigación se relacionan con un acuerdo firmado para dotar de kits de uniformes, compuestos por gorras, chalecos y camibusos tipo polo, a 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad en todo el país.
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La Procuraduría citó información divulgada por un medio de comunicación, el cual había advertido que “cada kit tendrá un costo de $1’507.533 pesos por persona, lo que demandará una inversión de $9.999.466.389 pesos”, hecho que despertó inquietudes sobre posibles sobrecostos.
En el marco de la indagación, la Procuraduría solicitó a la UNGRD documentación relacionada con las etapas precontractual y contractual del proceso, incluidas las propuestas de los oferentes y las evaluaciones realizadas, con el propósito de determinar si hubo irregularidades en la contratación.
El organismo de control explicó que el objetivo de la investigación es verificar si se presentó una conducta disciplinaria, evaluar la existencia de posibles faltas y determinar si se actuó bajo alguna causal que excluya responsabilidad.
