El inicio del nuevo período de sesiones ya ha dejado varios proyectos radicados, entre los cuales se encuentra uno que modificaría la justicia en el país.
Se trata de la iniciativa que busca regular la responsabilidad penal para los jóvenes de 14 a 17 años en el caso de algunos delitos, pues se busca que en ciertos casos sean tratados como adultos.
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El proyecto fue radicado por los representantes Óscar Villamizar del Centro Democrático, Carolina Arbeláez y Luz Ayda Pastrana de Cambio Radical, Piedad Correal y José Octavio Cardona del Partido Liberal y Miguel Polo Polo, representante de la curul afro.
La iniciativa busca que los adolescentes sean juzgados dentro de las condiciones del sistema penal ordinario cuando sean crímenes de alto impacto entre los que estarían homicidio, lesiones personales, terrorismo, tortura, desaparición forzada, secuestro, extorsión y delitos sexuales.
Para los proponentes de este proyecto, una de las motivaciones para presentar esta iniciativa es lo ocurrido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en donde uno de los implicados es un joven de 15 años fue quien habría desenfundado el arma en contra del político.
¿Qué busca la iniciativa de ley para juzgar a menores de edad como adultos?
La iniciativa presentada en el Congreso busca que los menores entre 14 a 17 años que cometan delitos graves no tengan beneficios sino que sean tratados como adultos, es decir que penas por crímenes como homicidio, hurto calificado o delitos sexuales ya no sea de 8 años máximo sino que puedan ser de hasta 60 años, tal como lo contempla el sistema penal ordinario para mayores de 18 años.
“El menor de edad será juzgado integralmente conforme al régimen de responsabilidad penal aplicable para los adultos, y las penas, con sus circunstancias de agravación y atenuación punitivas, el juez de conocimiento, el trámite y garantías procesales contemplados para estos delitos en las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004”, dice uno de los apartados del proyecto.
La ley, en caso de aprobarse, representaría un cambio al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que establece un conjunto de principios y procedimientos en donde el proceso, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tiene “carácter pedagógico, específico y diferenciado del sistema de adultos conforme a la protección integral”.
¿Es viable juzgar a menores de 14 a 17 años como adultos?
EL COLOMBIANO consultó con el abogado penalista Andrés Arteaga Franco, quien dio un concepto a este medio sobre la viabilidad del Proyecto de Ley Cámara 025 de 2025.
Para el jurista, este tipo de proyectos son cuestionables y es si se puede tratar a los adolescentes como adultos “sin afectar el principio de protección prevalente que la Constitución les garantiza”.
“Ese es un estándar muy alto, porque se trata de una población especialmente vulnerable. Por ello, aunque es formalmente posible discutir el proyecto, no considero que sea viable desde el punto de vista constitucional y frente a los tratados internaciones ratificados por Colombia”, explicó el abogado a este medio.
Complementando esta visión, EL COLOMBIANO también consultó al doctor en Derecho Constitucional, el abogado David Mendieta, quien dio un concepto sobre esta iniciativa basado en la carta magna del país.
Para el jurista experto en Derecho Constitucional, dicha iniciativa va en contra de la máxima norma colombiana, pues “iría en contra de tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia como lo son la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5.5) que establece que los menores infractores deben ser separados de los adultos y deben tener tribunales especializados”, explicó ante este medio.
Uno de los proponentes, el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, argumentó que “los niños están siendo preparados y educados para ser delincuentes”, sin embargo, para el jurista consultado por este medio, este tipo de leyes no aportarían en la no instrumentalización de menores de edad.
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Para el abogado Arteaga Franco, “la instrumentalización de menores por parte de grupos criminales ocurre porque estamos frente a adolescentes —muchas veces de 14 o 15 años— en contextos de altísima vulnerabilidad social, económica y familiar”.
“Son jóvenes que pueden tener una noción básica de la ilicitud de sus actos, pero carecen de una estructura psicosocial sólida para resistir la cooptación de estos grupos”, afirmó el abogado.
Para el experto en leyes, este tipo de iniciativas responden a un populismo punitivo en donde se exigen penas más altas pero no hay un diseño de soluciones integrales. “Al final, se pide castigo sin enfrentar las verdaderas causas del problema” sentenció.
Respecto a la normativa colombiana, la Constitución le da garantías a los niños, jóvenes y adolescentes prioridad sobre los demás, según el artículo 44, el cual reconoce a esta población como sujetos de derechos con una protección especial.
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