El presidente Petro firmó un decreto para implementar parte de su reforma a la salud sin pasar por el Congreso, lo que generó fuertes críticas de gremios y oposición por su legalidad y posibles riesgos de corrupción. Petro defendió la medida.
Horas después de que el presidente Gustavo Petro firmó un controvertido decreto que implementa parte de la reforma a la salud –sin que aún haya sido discutida por el Congreso de la República–, este jueves hubo reacciones de diversos sectores en contra del documento.
Una de las primeras en sentar su voz de protesta fue Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien advirtió que el modelo de atención en salud que materializa el decreto modifica la organización del sistema y “desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población”.
Según Vesga, el decreto “no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. La reforma a la salud con serios vicios de legalidad”, reclamó.
Por su parte, el representante opositor Andrés Forero (Centro Democrático) anunció desde ya que demandará “ese esperpento” y alegó que el decreto desconoce al Congreso. En esa línea, atribuyó la expedición del documento a la reciente elección del senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), como nuevo presidente de la Comisión Séptima, donde se discute la reforma en tercer debate.
“A modo de retaliación por la elección del senador Pinto como presidente de la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ha decidido, por vía decreto, por la puerta de atrás y desconociendo al Congreso de la República, implementar su inconveniente reforma a la salud”, aseguró Forero.
El congresista alertó que una parte del decreto establece que serán alcaldes y gobernadores quienes definirán qué hospitales y clínicas integrarán las redes de prestación de servicio de sus territorios, lo que implica sustituir a las EPS. “Tiene un altísimo riesgo de corrupción y politización”, señaló.
Por su parte, desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), su presidente, Bruce Mac Master, señaló que el decreto implica “un inmenso desorden en el sistema” y no hay claridad alrededor de cómo va a ser la financiación y los servicios que se pretenden incluir”.
“La irresponsabilidad, desde tal tamaño, que ni siquiera se tomaron el trabajo de entender de dónde provendrán los recursos para poder atender el sistema, ni tampoco se tomaron el trabajo de pensar el efecto en los trabajadores de la salud que viene en este momento, (es) un inmenso riesgo en su estabilidad”, declaró.
En medio de la controversia se pronunció el propio presidente Gustavo Petro, quien respondió a las declaraciones de la presidenta de Acemi y sostuvo que si las EPS se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados “se salvan”.
“Pero si se mantienen como aseguradoras financieras se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen. Estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso y convertirse en gestoras del sistema. Podrán poner puestos de salud y nos organizaremos con el sistema público, territorialmente”, afirmó el jefe de Estado.
Petro también le contestó al presidente de la Andi, asegurando que dejar en libertad que las EPS pasen a ser gestoras y dejen su función actual de aseguradoras financieras es “ni nada más, ni nada menos, que el principio de libertad de empresa inataurado en la Constitución. El sistema preventivo o sistema territorial de équipos de salud básicos y puestos de salud, ya está ordenado por ley anterior a mi gobierno” (sic).
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