Este martes, un grupo de siete exministros y once exviceministros de Salud del país radicaron un derecho de petición ante el Ministerio de Salud, luego de conocerse la polémica propuesta de reforma al sistema de prestación del servicio en Colombia, anunciado varias semanas atrás por la líder de esa cartera Carolina Corcho, de la que aún se desconoce en papel de qué se trata y cómo funciona.
El documento presenta 15 planteamientos generales que abordan cinco aspectos básicos: participación en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma, cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública, –donde se enmarca la reforma estructural a la propuesta–, razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de las medidas propuestas; el régimen de transición y la sostenibilidad de la reforma.
“Como grupo nos encontramos al margen de las preferencias políticas individuales. No existe pertenencia ni obediencia a la agenda política de ningún partido. No es un grupo partidista ni electoral; como tal, no es partícipe del gobierno, como tampoco su opositor”, se leyó en el mismo.
En el documento, puntualmente se cuestiona el hecho de que el Gobierno no se decida por “abrir espacios de diálogo y concertación previos a la presentación de la reforma y mantener en secreto su texto”, y que solo se conocerá cuando se radique en el Congreso de la República.
La misiva fue firmada por los exministros Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Diego Palacio Betancourt, Mauricio Santamaría Salamanca, Beatriz Londoño Soto y Fernando Ruiz Gómez.
También firmaron los exviceministros Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa, Juan Gonzalo López Casas, Blanca Elvira Cajigas Castro, Jairo Núñez Méndez, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, Diana Cárdenas Gamboa, Iván Darío González Ortiz, María Andrea Godoy Casadiego, Germán Escobar Morales y, finalmente, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Aquiles Arrieta.
El exministro Fernando Ruiz se pronunció tras el radicado del documento para señalar que el sistema de salud en la ruralidad presenta serios fallos en la atención, así como los malos pagos, por lo que considera que hay fronteras que deben discutirse para que sea mejor para todos.
“Primero, hay una línea roja, los derechos constitucionales consagrados en la constitución nacional y en la ley Estatutaria de Salud se deben respetar. No tiene sentido limitar lo que se ha ganado en términos de bienestar para la población. Segundo, la reforma debe ser participativa, todos deben poder tener la misma oportunidad de conocer y debatir las posiciones. Tercero es la transición clara. Cuarto se debe garantizar la seguridad, la sostenibilidad del sistema y por último se debe asegurar que el sistema siga funcionando y siga protegiendo a la gente y no se debe mantener en una situación de incertidumbre como la que tenemos en este momento”, señaló Ruiz.
