Con un documento de 9 páginas un grupo de exfuncionarios del Estado buscan ponerle freno al hermetismo y recelo que ha tenido el Ministerio de Salud con la esperada reforma estructural al sistema de salud. Lo hicieron con la radicación de un derecho de petición dirigido a la ministra Carolina Corcho Mejía, en el que se plantean 15 preguntas sobre ese propósito.
En el documento –que inicia con una antesala en el que aclaran que no tienen intereses políticos– señalan la necesidad de un “debate técnico, amplio y participativo, que estimule un sólido consenso sobre lo que es deseable y lo que es posible, a partir del mandato constitucional, la ley estatutaria de salud y los importantes logros de la reforma de 1993”.
Ya en materia, el derecho de petición, conocido por EL COLOMBIANO, cuestiona por la participación en el proceso de consideración y aprobación de la reforma; el cumplimiento de mínimos constitucionales; la razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de las medidas propuestas; el régimen de transición y la sostenibilidad de la reforma.
Varias de las preguntas de la petición tienen preámbulos, en búsqueda de mayor claridad, y ataca un punto que le ha valido varias críticas a la ministra Corcho: las personas y organizaciones con las que se ha reunido para construir el texto. Mientras gremios de las entidades promotoras de salud (EPS) y académicos le piden conocerlo, ella asegura que es la reforma “más discutida en la historia republicana”.
“¿A cuáles grupos, personas o asociaciones se les ha tenido en cuenta su voz y sus propuestas se han tenido en cuenta para la elaboración del Proyecto gubernamental?”, indica el documento.
Por otro lado, hace hincapié en indagar por los aspectos del actual sistema que planean conservar, cuáles podrían verse afectados y cuáles no se podrán mantener.
Más adelante, preguntan por las reglas del período de transición a un nuevo sistema y cómo se va a garantizar el goce del derecho fundamental a la salud de los colombianos. Este ha sido uno de los puntos que más preocupan a los expertos y representantes de las EPS, pues en medio del cambio de modelos podrían entorpecerse procedimientos médicos de larga data o de urgencia.
En diálogo con este diario, el profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Iván Jiménez, expresó que esta situación “es el fruto de estar debatiendo el modelo de salud con base en presentaciones de power point y alocuciones radiales, que generan miedo, zozobra y desconocimiento”.
Así mismo, que en medio de tantas declaraciones y sin texto oficial, pareciera que “están midiendo el aceite de la opinión pública para quitar lo que rechacen y dejar lo que aprueben” en la reforma final.
Sin ir más lejos, la expectativa está latente para que el texto se radique en el Congreso y empiece su debate. Solo hasta entonces el país podrá saber a qué atenerse y los partidos pondrán a prueba su capacidad de hacer control político y de ser el muro de contención de los puntos que estudiosos de la salud han señalado como inconvenientes.
