“Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, decía la carta con la que Angela María Buitrago renunció al Ministerio de Justicia hace menos de dos semanas. Recientemente, en entrevista con El Espectador, insistió en que su salida era “necesaria”.
Cuando fue fiscal, fue reconocida como “la fiscal de hierro”, porque a pesar de que llevó casos de políticos con nexos paramilitares y se atrevió a investigar a generales que parecían intocables dentro de la Fuerza Pública, nunca dio el brazo a torcer. Ni siquiera aquellos casos llenos de atrocidades y corrupción la hicieron dar un paso al costado. ¿Por qué se retiró del Ministerio de Justicia?
Llegó el 8 de julio del 2024, y en su renuncia irrevocable, presentada el 15 de mayo de 2025, escribió que personas externas al ministerio han intentado realizar injerencias en sus funciones: “No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio y en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo lo que soy, e impartiendo instrucciones como jefa de la cartera con la convicción de que van a servir a materializar la justicia”.
En entrevista con el medio citado, Buitrago aseguró sentirse tranquila y satisfecha con su trabajo. Agregó que dio un paso al costado en el momento justo: “Era necesario que me apartara del cargo debido a que no podía tomar decisiones oficiales mediando razones de terceros en asuntos de importancia que merecían ser sopesados con el presidente y asumidos con su acuerdo y decisión”.
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Aunque no lo mencionó textualmente, en estos pocos días de renuncia se han conocido conversaciones entre la exministra y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en los cuales Rodríguez le pedía varias cosas a Buitrago, entre ellas suspender la contratación de unos trajes del Inpec. Además, en entrevistas la exministra aseguró que recibió presiones para contratar a Marcela Tovar en la dirección de Drogas del Ministerio de Justicia.
La exministra se refirió a aquellos mensajes. Aseguró que su molestia fue: “Primero, porque se presentó la mediación de esos terceros sin que yo supiera cuál era la posición del presidente. Segundo, porque siempre que tomaba decisiones de carácter oficial, lo hacía teniendo en cuenta las reglas jurídicas y las disposiciones legales, sin que incidieran intereses personales o de los intermediarios”.
En cuanto al nombramiento de Tovar dijo: “Las indicaciones que enviaba por WhatsApp la directora del Dapre, eran poco claras y, por ejemplo, contrarias a los manuales, como cuando solicitó nombrar a una persona que no tenía los requisitos para el cargo”. Haciendo referencia a que Tovar es filósofa, y no cuenta con experiencia en el cargo.
La directora del Dapre también se ha referido a aquellos mensajes. EL COLOMBIANO conoció la totalidad de los chats entre Rodríguez y Buitrago en los que se habla de varios temas propios del intercambio entre funcionarios. Una vez se conocen las denuncias de Buitrago, la directora del Dapre le escribió: “Yo no hago presiones indebidas (...) no me pongan más una lápida exponiéndome en medios con cosas completamente falsas”.
Por su parte, Rodríguez agregó, en conversación con W Radio, que Tovar fue pedida en ese cargo por el propio presidente de la República: “Es directamente el presidente que me dice ‘yo necesito a Marcela en la dirección de drogas’. Y lo que yo hago es transmitirle esa información a la señora ministra. Ella se molesta por ese requerimiento y dice que el señor presidente no le ha solicitado ese nombramiento”.
La exministra también hizo referencia a eso, asegurando que, aunque fueran pedidos del presidente, muchos de ellos no podían llevarse a cabo sin un debido proceso y cumplimiento de requisitos.
“Le hubiera explicado que es imposible, jurídicamente hablando, que la ministra de Justicia haga ciertas cosas. Le doy otro ejemplo: yo no podía suspender una licitación de una entidad adscrita al ministerio como el Inpec, porque no tengo la facultad legal de hacerlo. No hubiera dejado de cumplir los requisitos de ley aunque me lo hubiera exigido el presidente. El Inpec es un ente autónomo y, fuera de ese hecho, detener un proceso licitatorio tiene connotaciones legales y responsabilidades”, afirmó Buitrago.
La renuncia de Angela María Buitrago al Ministerio de Justicia
En cuanto a su renuncia, aseguró que fue algo que pensó durante, al menos, dos meses, pero que no se arrepiente de la decisión final. “Me siento muy tranquila porque fui coherente conmigo misma y porque cumplí, a cabalidad, mis funciones dentro de la Constitución y la ley”.
Y agregó: “Renuncié de manera irrevocable porque siempre tuve claridad en el sentido de que la función del ministerio de Justicia y mi estatus como delegada del presidente de la República para los temas de competencia de la cartera, debían ser jurídicos, legales y constitucionales”.
También se refirió a las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro durante el cabildo abierto de Barranquilla. Allí habló del proceso de paz, y dijo: “Hemos logrado, a partir de los diálogos, tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos”, afirmó.
La exministra rechazó la idea de querer sabotear la paz: “Mi posición sobre la política de paz siempre ha sido clara: soy su partidaria. Acompaño los propósitos de paz aunque también entiendo que hay unas obligaciones para que sea una realidad”.
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Sin embargo, explicó que, frente a los diálogos de paz que adelante el Gobierno, primero debían hacerse unas precisiones en la ley para que los grupos armados asuman unas obligaciones. Ya existen varias, como ley 2272 del 2022 (normas para dejación de armas) y en la sentencia constitucional 523 del 2023. Buitrago insistió en que debía revisarse la normativa para poder “verificar las acciones y para tomar las decisiones sobre con quién se negocia y con quién no”.
En ese sentido, dio un ejemplo concreto: “En abril, cuando fuimos a Acacías (Meta) a lanzar el programa de cárceles productivas (PCP) según la Ley 2446 de 2025, y a firmar el decreto de acompañamiento de posegresados de las cárceles, hablamos del marco jurídico. Le dije que el camino es la justicia ordinaria con algunas ventajas y con algunas disminuciones punitivas. El me discutió algunos aspectos que yo entendí claramente: él quería explorar si era factible otro modelo jurídico”.
Por último, aseguró que el presidente Petro siempre conoció sus posturas frente a las políticas de paz; que nunca la censuró ni le pidió cambiar de opinión y que ella nunca tuvo intención de sabotear el proceso.
“No se trata de que yo no estuviera de acuerdo con el presidente sino que el marco legal para las negociaciones exige una reglamentación que no existe (...) Considero que era mi obligación advertírselo y entregarle el borrador del proyecto de ley, tal como lo hice en marzo”, estableció.
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