Uno de los problemas más grandes que existe en el país para restituir los predios de las personas que tuvieron que abandonarlos, con ocasión del conflicto armado, es el conflicto mismo que sigue vivo en muchas regiones y no ha permitido que llegue la institucionalidad a determinar de quién es realmente la tierra.
Por eso sorprende que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) haya anunciado el inicio de trabajos en los nueve municipios de la Costa Pacífica Nariñense, donde imperan varios grupos armados ilegales como el Frente Oliver Sinisterra y el frente 30, ambas estructuras disidentes de las Farc, las Guerrillas Unidas del Pacífico, la banda “los Contadores” y el Eln.
“Es un reto grandísimo porque es una región que ha enfrentado dinámicas de violencia fuertes. Reafirmamos nuestro compromiso con los campesinos de la zona, brindaremos acompañamiento jurídico y lograremos que los reclamantes vuelvan a su tierra”, afirmó la directora de la Unidad de Restitución en Nariño, Catalina Delgado.
Se espera, además, que la Unidad pueda realizar trabajos de terreno con el aval de la Fuerza Pública, en los dos tramos de la vía al mar comprendidos entre la vereda Altaquer hasta la vereda Berlín, pertenecientes al municipio de Barbacoas; y en el tramo desde el corregimiento de Llorente hasta Chilví, pertenecientes a Tumaco.
“Esta intervención es importante por las condiciones históricas de abandono, victimización, discriminación, desigualdad y falta de equidad en el acceso a los derechos de estas comunidades”, aseguró la directora Delgado.
En la Orinoquia
La Unidad también entrará a identificar predios en diez municipios de Meta, Guaviare, Casanare y Vichada, donde grupos al margen de la ley como el Eln y las disidencias de las Farc siguen expandiéndose.
Adriana Trujillo, directora de la URT en la Orinoquia, indicó que “los profesionales del área catastral de la Unidad de Restitución de Tierras se están desplazando a las zonas rurales y urbanas de los municipios donde hay solicitudes, en cumplimiento de las actividades en terreno contempladas en la Ley 1448 de 2011”.
Las labores de comunicación consisten en hacer la entrega del documento que notifica la Resolución por la cual se da inicio al estudio formal y se implementa el enfoque diferencial de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en las zonas que cuentan con el aval de la Fuerza Pública para su intervención.
La labor de georreferenciación o levantamiento topográfico permite determinar con precisión los predios objeto de despojo.
“El personal encargado cuenta con el acompañamiento de la Fuerza Pública”, aseguró Trujillo.
Las víctimas celebran
Olga Perilla lleva siete años trabajando por las víctimas de Maní, en Casanare, prácticamente desde que llegó a ese territorio después de desplazarse forzadamente del municipio de Aguazul, ubicado en el mismo departamento y al que desea volver todos los días.
“Estar desplazado es sentirse preso todo el tiempo”, dice Perilla, quien actualmente es la directora de la Mesa Municipal de Víctimas de Maní.
Por eso, celebró que las personas que reclaman sus predios en Maní tengan la posibilidad de volver. “Aquí algunos fueron valientes y regresaron por su propia cuenta. Muchos otros siguen desterrados mientras sus fincas, sus terrenos, sus casas, siguen en manos de los paramilitares que los desplazaron”, dijo la mujer.
Y además de volver a su tierra, las víctimas podrán acceder a proyectos productivos para garantizar su seguridad alimentaria y mejorar su calidad de vida: “Eso es lo mejor de todo, porque aquí las víctimas trabajamos siempre para los dueños de las fincas, pagamos de arrendamiento un millón de pesos al año por hectárea y, cuando ya se hicieron las mejoras, nos sacan para quedarse con los pozos profundos, las cercas, los cultivos y los demás mejoramientos que logramos. Nada como volver a tener el derecho de producir en nuestra propia tierra” .
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