El informe con el que se advierte de cuatro posibles inconsistencias en las cuentas de quienes promueven la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, desató una dura pelea en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, de paso, puso en vilo el futuro mismo del proceso.
El documento llegó al despacho del magistrado de ascendencia liberal César Augusto Abreo el pasado 22 de febrero y–según pudo establecer EL COLOMBIANO con fuentes del organismo electoral– habla de temas que van desde un posible sobregiro de gastos que se quiso camuflar como un crédito hasta la marcación irregular de las hojas de presentación.
“El Fondo Nacional de Financiación Política, mediante oficio No. CNE-I-2022-001385-FNFPCE-900 del 22 de febrero de 2022, remitió al despacho del magistrado Cesar Augusto Abreo Méndez un informe de la revisión de los estados contables del proceso de revocatoria de mandato de la iniciativa ‘El pacto por Medellín te salvará porque te amamos te vamos a recuperar’”, se lee en una carta en poder de este diario y que confirma la remisión del dosier contable.
Aunque el Fondo de Financiación –adscrito al mismo CNE– no puede certificar si la financiación de la revocatoria fue irregular o no, pues Abreo ordenó en una polémica decisión del 18 de enero pasado suspender ese procedimiento, sí tiene la facultad de describir los hechos que revisó de las finanzas.
En ese contexto, detalló una posible inconsistencia relacionada con la cuenta bancaria corriente que se abrió en abril del año pasado para centralizar los recursos de la revocatoria. Esta no se movió por dos meses, ya que solo hasta junio se le hizo la primera consignación por $20 millones, pero –pese a no tener movimientos– generó gastos de uso y derivó en un sobregiro de poco más de $80.000 que terminaron cubriéndose con el giro de mitad del 2021.
Además, de acuerdo con lo remitido al despacho de Abreo, quedó constancia de que hay una posible donación que no fue debidamente reportada en torno a si se trataba de dinero en efectivo o de una colaboración en especie.
Según apartes del documento, este tipo de “donaciones” también deben ser reportadas como gastos de campaña. El caso hace referencia al alquiler por parte de los revocadores a la corporación Medellín Cuenta Conmigo –cuyo representante legal es Andrés Rodríguez– de elementos como carpas, sillas y mesas.
Estos últimos, al parecer, no habrían sido debidamente reportados, aunque los mismos líderes revocadores –entre ellos el mismo Andrés Rodríguez que figura como representante de la corporación que alquiló los elementos– aseguraron que todo sí se presentó ante el CNE como se exige en la ley. Incluso, que se cuantificó el valor de lo que se consideraron donaciones en especie y se reportaron en el informe contable que ahora es objeto de revisión oficial.
Y, para redondear lo que podrían ser una seguidilla de pifias administrativas que ponen en suspenso a la revocatoria contra Quintero, se esbozó una posible falta de pago de los honorarios de las personas que oficiaron como contador y auditor.
En efecto, la revocatoria se diseñó en tres etapas –recolección de firmas, campaña y cierre– y para cada una había un contrato distinto firmado con las personas que ocuparon esos cargos.
Sin embargo, según le dijo Rodríguez a EL COLOMBIANO, los contratos se terminaron después del envío del informe contable porque este pasó al CNE para investigación y no se ha pasado a la segunda etapa.
Ya en lo referente a la foliación irregular de las hojas –hecho también mencionado en el reporte que pasó a análisis de Abreo–, los revocadores lo califican como una nimiedad subsanable que puede pasarle a cualquier persona en un documento que tiene más de 1.700 páginas.
Y si bien estas inconsistencias le dan aire a la narrativa de Quintero en torno a que la revocatoria en su contra tiene irregularidades, y de hecho fueron la base para que hace exactamente un año –el 26 de febrero de 2021– se abriera una indagación, la decisión final la tiene el liberal Abreo.
Pero, tal y como lo reveló EL COLOMBIANO, su cercanía a la colectividad del expresidente César Gaviria, quien respalda política y públicamente a Quintero, hacen poco probable que quiera meterle el acelerador a una decisión final.
El agarrón de Abreo
En todo caso, ahora que ya tiene un dosier contable y en la Sala Plena del miércoles de esta semana se negó la solicitud de archivo del proceso administrativo –tenaza que también había frenado la decisión sobre la revocatoria–, debería presentar una ponencia a discusión de sus otros ocho compañeros de magistratura.
No obstante, según documentó EL COLOMBIANO, a Abreo no le cayó nada bien que Zamira Gómez, del Fondo de Financiación, le remitiera el informe y que –al mismo tiempo– les avisara a los demás togados que lo hizo.
En efecto, en la Sala Plena de este miércoles –cuando se leyó la carta confirmando que Abreo ya tenía el dosier contable–, el magistrado de ascendencia política liberal (y nortesantandereano del ala del representante Alejandro Chacón) increpó a Gómez por remitir la carta.
Según fuentes del CNE, Abreo le dijo a Gómez que el informe solo debió llegar a su despacho como magistrado ponente y, sin su previo consentimiento, no tenía potestad de dar un paso de esa naturaleza.
Aunque no es claro si legalmente tenía que haberle pedido permiso para informar que ya estaba el informe contable, lo cierto es que Gómez lo hizo así por petición tácita de otros magistrados que sienten que Abreo está embolatando una decisión sobre la revocatoria.
Cuando EL COLOMBIANO le preguntó al líder revocador Andrés Rodríguez sobre el riesgo que esto implica en torno a que Abreo ahora no solo dilate, sino que se incline por tumbar la revocatoria, con base en las cuatro inconsistencias, respondió que “eso no debe pasar porque todo se subsanó por escrito desde enero pasado y no entiendo por qué se vuelven a mencionar. Pasa algo extraño”.
Además, advirtió que –si Abreo tumba la revocatoria por estos hechos– “comenzamos una batalla legal contra el magistrado y en defensa de nuestro derecho democrático de ir a las urnas”.
En esa misma línea, y con base en un derecho de petición que les respondió el director de Censo Electoral de la Registraduría, Roberto Cadavid, el grupo revocador está planteando que no se debe esperar a la decisión del CNE para convocar a urnas.
Según ese documento, con fecha del 24 de febrero, “es el Registrador Municipal quien expide el certificado de cumplimiento o no de los requisitos constitucionales y legales, siempre y cuando se haya surtido el proceso de validación de los apoyos y se hayan entregado los estados contables dentro del plazo contemplado en la ley y el CNE haya expedido la respectiva constancia”.
Por un lado, la Registraduría ya ha certificado en tres oportunidades que hay 132.547 firmas válidas para convocar la revocatoria. Pero, por el otro, el CNE aún no emite su pronunciamiento. Esto, en plata blanca, se traduce en que la vía para sacar o ratificar a Quintero en las urnas sigue estancada.
