170
mil millones de pesos es el monto de la cartera del hospital Pablo Tobón Uribe.
$2
billones es el monto de la deuda con hospitales públicos y privados de Antioquia.
El listón que generalmente se usa para la esperanza y para la vida, en esta oportunidad es un listón que simboliza un color triste.
Es el símbolo de la crisis de la salud, y es más que una etiqueta en las redes sociales.
Es un grito de alerta máxima de directivos, funcionarios y personal de clínicas y hospitales de Medellín porque les adeudan a las entidades públicas y privadas de Antioquia cerca de 2 billones de pesos.
Además, la cartera vencida con más de 7 meses y la falta de flujo de caja amenaza con afectar los servicios que presta la red a los usuarios que en última son los más perjudicados por una situación que aunque para algunos puede ser ajena y lejana, incide directamente en la atención ante un enfermedad o servicio requerido.
Porque los hospitales no se cierran de un golpe, pero a medida que se tienen restricciones de recursos van llegando cierres parciales, un servicio que no tenga mucha demanda o una consulta electiva, tal como lo explica Luis Guillermo Saldarriaga, jefe de la División Administrativa del Hospital Pablo Tobón Uribe.
Saldarriaga agregó que pueden afectarse también servicios que son muy críticos pues no se consiguen profesionales, porque los expertos buscan sitios donde se les pague oportunamente.
El Hospital Pablo Tobón Uribe, por ahora, no ha cerrado ningún servicio, hace esfuerzos muy grandes. “Nosotros no pedimos que se nos regale. Solicitamos que nos paguen oportunamente”, indicó Saldarriaga.
Juan Édgar Marín Restrepo, gerente de contratación de la IPS Universitaria, conceptuó que por la crisis los hospitales analizan y analizarán más adelante posibles recortes o supresión de servicios. “Algunos servicios que generan menos demanda tendrían que cerrarse como pediatría. Los servicios más desequilibrados desde el punto de vista económico. En el hospital si esto continúa así, se comprimirá más la prestación de los servicios de salud.
El gerente de contratación de la IPS universitaria acotó: “cerramos un quirófano en la noche y tres en el día, y eso significa menor oportunidad para los servicios que deben llegar a la población. Seguramente algunas EPS tendrán usuarios con atenciones limitadas: citas más tarde y procedimientos represados. Y ahí se empieza a presentar un problema en atención”.
Con los cierres en los quirófanos no fueron renovados contratos del personal que trabaja allí.
Plantón
En la ciudad se han cerrado servicios de pediatría y obstetricia, porque “no son competitivos” en el mercado y se cerrarán más servicios si no hay liquidez. Por eso, los profesionales de la salud, salieron ayer a protestar en Medellín y los municipios antioqueños.
El plantón se realizó de una forma muy pacífica y respetuosa para contarle a la comunidad qué está pasando.
Con volantes en mano, los transeúntes y conductores que pasaban cerca de las IPS se enteraban sobre qué sucedía.
Luis Fernando Góez, taxista desde hace cuatro años, dijo: “Por qué pasa esto si nosotros pagamos oportunamente. Estoy afiliado a una EPS, hace semanas pedí una cita con un especialista y aún espero una respuesta. Los más afectados somos los pacientes”, expresó mientras miró el volante.
Más dinero
Mauricio Tamayo, director general de la clínica Cardio Vid, indicó que es necesario entregarle de forma urgente recursos al sistema. No puede hacerse una ley para ampliar el plan de beneficios sin inyectar recursos al sistema”.
Aseveró, de igual manera, que la Unidad de Pago por Captación, UPC, no alcanza para cubrir los costos del sistema máxime después que se igualó el plan de beneficios del régimen subsidiado al del contributivo.
Para Julio Ernesto Toro Restrepo, director Hospital del San Vicente Fundación, “este sistema debe revisarse porque si estuviera bien todos nos encontraríamos en los puestos de trabajo. Pedimos que haya dinero y que se revise el sistema”.
Tragedia anunciada
Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), recordó que se trata de una crisis anunciada porque la Contraloría General de la República hizo sendos memorandos en 2012 y 2014 en los que advirtió que las EPS estaban incumpliendo con los indicadores de permanencia en el sistema y que se estaban omitiendo las acciones de vigilancia y control.
En el mensaje se informó al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Salud y a los ministerios de Hacienda y Salud, aseveró Martínez. Agregó el directivo gremial que junto con la advertencia se anexaron unas gráficas que mostraban la disminución de esos indicadores de permanencia lo que revelaba que las EPS no tenían recursos para pagar.
Los indicadores de permanencia son: patrimonio mínimo y margen de solvencia, o sea el efectivo disponible para responder por las obligaciones.
Carlos Alberto Restrepo Molina, director general de la Clínica Universitaria Bolivariana, señaló que las dificultades económicas obligan a priorizar temas como renovación tecnológica, capacitación del recurso humano y renovación de cargos.
Dijo que el crédito para las aseguradoras con tasas preferenciales es un anuncio de 2014 que no se ha materializado. “La compra de cartera no es suficiente. No damos más espera”.
El director de Aesa indicó que los anuncios son más de lo mismo, paños de agua tibia y así se materialicen no van a solucionar la crisis del sector.
El panorama se torna más complejo porque el Gobierno disminuyó los aportes por el sistema general de Participación de $130.000 millones a $40.000 millones en 2015 y ese faltante afecta la red de servicios de Antioquia. Son recursos que usa el Departamento para pagar servicios y procedimientos no contemplados en el POS .
