La Contraloría General de la República presentó el informe sobre el estado del aseguramiento en salud por parte de las EPS (entidades promotoras de salud) y los programas de salud de las cajas de compensación familiar durante 2024. Allí, revela una alarmante situación financiera en el sistema de salud, pues las EPS y los programas de las cajas acumulan millonarias deudas con hospitales, clínicas y otros prestadores de servicios. Hace un crítica a las intervenciones forzosas que ha hecho la superintendencia del ramo.
El reporte identifica un deterioro generalizado en la sostenibilidad financiera de estas entidades. Según el ente de control, persiste un grave incumplimiento de las obligaciones contractuales de las EPS con sus redes prestadoras, lo cual ha agravado las barreras de acceso a la atención para millones de colombianos.
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Uno de los puntos más críticos del informe es la deuda de las EPS con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y proveedores de tecnologías. Esta cartera vencida, dice el informe, representa un riesgo sistémico para el funcionamiento del sistema, afectando la calidad y oportunidad del servicio a los usuarios.
Por otro lado, menciona que si bien la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) ha incrementado los giros a las aseguradores —pasando de $78 billones en 2023 a más de $87 billones en 2024—, la realidad financiera de muchas entidades sigue siendo precaria. Por lo cual, este aumento del 12 % en los recursos no se ha traducido en una mejora sustancial del servicio ni en el pago oportuno a los prestadores.
El documento también destaca que 12 de las 29 EPS activas están bajo algún tipo de medida por parte de la Superintendencia de Salud, entre las que se encuentran la intervención forzosa administrativa para administrar, intervención para liquidar o medidas especiales de vigilancia. Entre ellas se encuentran Nueva EPS, Sanitas, Coosalud, Famisanar y Emssanar, que concentran el 59,2 % del total de afiliados en el país.
El caso de la Nueva EPS resulta preocupante para la Contraloría, debido a que es la entidad con más afiliados (más de 10 millones), está intervenida y presenta un patrimonio negativo, en el que no cuenta con estados financieros certificados y con un elevado riesgo de insolvencia. Esta situación, a juicio del informe, pone en riesgo la garantía de atención para sus usuarios.
Las deudas del Gobierno y con las IPS
Respecto a las deudas del Gobierno Nacional, el informe indica que los recursos correspondientes a servicios y tecnologías no financiadas con la unidad de pago por capitación (la plata que le entrega el Estado a las EPS para la atención de sus afiliados, conocida como UPC) también están sujetos a trámites complejos, que los vuelven demorados. Estas deudas, conocidas como recobros o presupuestos máximos (PM), requieren auditorías exhaustivas antes de ser reconocidas y pagadas por la Adres.
En ese sentido, el documento recordó que el llamado “Acuerdo de Punto Final” (creada con la Ley 1955 de 2019) para saldar viejas cuentas sigue sin implementarse de forma eficiente. Aunque la ley lo contempla como un mecanismo de saneamiento definitivo, muchas aseguradoras aún no han recibido el reconocimiento de los recursos adeudados, lo que agrava la presión financiera sobre estas.
Entre tanto, los hospitales y clínicas —que son los principales acreedores de las EPS— enfrentan graves problemas de flujo de caja, lo que ha provocado retrasos en el pago de nóminas, desabastecimiento de insumos y reducción de servicios. Esta situación, a su vez, deteriora aún más la calidad del servicio para los pacientes y ha generado que en el país se estén presentando cierre de servicios como urgencias, unidades de pediatría, atención de partos y neonatología.
Según el documento, durante 2024 los liquidadores de EPS como Comparta y Medimás reportaron cuentas por pagar por $689.000 millones y $1,87 billones respectivamente. Estas cifras muestran la magnitud de las deudas acumuladas incluso por entidades que salieron del sector.
En cuanto a los recursos girados por la Adres, el mayor volumen fue recibido por Nueva EPS, que concentró el 24,68 %, equivalente a más de $21 billones. Le siguieron Sura, Sanitas y Salud Total. Sin embargo, este flujo de recursos —añade el documento— no se tradujo en liquidez para los hospitales, pues varias aseguradoras priorizaron gastos administrativos o no cumplieron con la redención de las obligaciones contractuales.
Al respecto, la Contraloría alertó sobre múltiples fallas en los reportes de información financiera en las EPS, lo cual dificultó la labor de control fiscal. Incluso, algunas entidades no enviaron la información a tiempo y otras presentaron inconsistencias.
“Es obligación de las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo Y Subsidiado, la creación de reservas para obligaciones pendientes, con el fin de garantizar que las deudas contraídas puedan ser pagadas oportunamente. No obstante, en la práctica, el incumplimiento de estas obligaciones ha llevado a la acumulación de deudas con los prestadores de servicios de salud, lo cual hace insostenible la operación del Sistema General de Salud y Seguridad Social tal como hoy está operando”, asegura el documento.
Intervenciones de la Supersalud
En este contexto, la Supersalud ha implementado medidas como reorganización institucional y la toma de posesión administrativa. En el caso de las EPS intervenidas, la mayoría presentan incumplimiento de los requisitos de patrimonio adecuado y condiciones mínimas de solvencia.
De hecho, en la parte de conclusiones señala que “las medidas actuales de intervención forzosa administrativa y medidas especiales realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han logrado resolver los problemas financieros de las EPS poniendo en riesgo la atención a sus usuarios”.
También el ente de control critica que esa entidad “no ha exigido a los interventores las acciones que permitan lograr la estabilidad operacional de estas, lo que ha agudizado la crisis prestacional y financiera, afectando la calidad del servicio de salud a sus usuarios”.
Por otro lado, menciona que los giros directos desde la Adres a los prestadores han sido una solución parcial, pero que ha resultado limitada. Vale recordar que este mecanismo se activa principalmente cuando una EPS intervenida no cumple con los requisitos para administrar sus propios recursos. Aun así, muchas IPS no reciben el 100 % de lo que se les debe.
Esta situación ha generado un aumento significativo en las acciones de tutela y en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) por parte de los usuarios. Estos mecanismos legales se han convertido en la única vía para acceder a tratamientos, medicamentos o servicios que deberían ser garantizados por el sistema.
Sobre las quejas, el informe del ente de control expresa que el aumento de estas pasó de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024 con un crecimiento porcentual de 13 %, siendo Nueva EPS la que lidera con 323.682 quejas, equivalente al 21,87 % del total. En ese sentido, agregó que el régimen contributivo tiene 70,76 % del total, el régimen subsidiado tiene el 29,07% y los regímenes exceptuados tienen el 0,16 %.
Los llamados de la Contraloría al Gobierno
El documento expone que más del 70 % de las EPS enfrentan dificultades financieras graves, mientras que la cobertura del sistema, si bien es del 99 %, está sostenida en un modelo “financieramente frágil”, a raíz de la combinación de deudas cruzadas, demoras en los pagos y baja capacidad de fiscalización. Esto amenaza, según el ente de control, con desbordar la capacidad institucional del sector salud.
En sus conclusiones señala que el sistema de salud enfrenta un punto crítico en el que las EPS están endeudadas, los prestadores no reciben pagos a tiempo y las intervenciones han sido insuficiente para contener la crisis.
Por eso, la Contraloría hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar reformas estructurales que fortalezcan la financiación del sistema, mejoren los mecanismos de control y garanticen una atención digna. Así mismo, sugiere mayor transparencia en la ejecución de los recursos, fiscalización más rigurosa por parte de la superintendencia y el fortalecimiento de la Adres como entidad pagadora directa, especialmente en casos de EPS con problemas financieros.
Finalmente, indicó sobre la reforma a la salud —que hace curso en el Congreso de la República y que contempla asignar el 5 % de la UPC a las Gestoras de Salud y Vida para la financiación de sus funciones— que se debe “detallar del uso permitido de este porcentaje; definir criterios técnicos, financieros y de desempeño para la ejecución de este y todos los recursos del sistema”. Lo anterior en razón de lo que identificó el ente de control fiscal “sobre el uso discrecional y no estandarizado del gasto administrativo en las EPS”.
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