Desde febrero de 2015 está vigente la Ley Estatutaria de Salud. La norma, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, contempla múltiples reformas en el sistema, como la regulación de medicamentos, la financiación de los servicios de salud, la autonomía médica, la atención para las zonas apartadas y la eliminación del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Tras dos años de entrar en vigencia, el Ministerio ha mostrado avances en temas como la regulación de medicamentos. A manera de ejemplo está el caso de la molécula imatinib, declarada de interés público pese al desacuerdo de la farmacéutica Novartis, titular de la patente.
Un punto que ha generado revuelo es la eliminación del Plan Obligatorio de Salud (POS), que está contemplado en el artículo 15 de la Ley. De acuerdo con la cartera de Salud, actualmente existe un Plan de Beneficios que incluye todos los medicamentos que pueda necesitar un paciente.
Por fuera quedan, como lo dice la ley, los servicios médicos “que tengan como finalidad un propósito cosmético, que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, que su uso no haya sido autorizado, que se encuentre en fase de experimentación y que tengan que ser prestados en el exterior”.
Lo que viene:
Crear una lista de exclusiones
Así no lo perciban los pacientes, la división POS-No POS dejó de existir. El Ministerio ha implementado acciones con el fin de que los médicos sean, en última instancia, los que definan los medicamentos que deben tomar los pacientes. Por esta razón crearon la plataforma Mipres, que registra los fármacos que no están en el Plan de Beneficios.
El paso que dio ayer el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue establecer, mediante resolución, un mecanismo “para determinar qué servicios y tecnologías no podrán ser financiados con recursos públicos”.
Para definir los medicamentos que serán excluidos el Ministerio creó cuatro fases: la de “nominación y priorización”, en la que cualquier actor del sistema podrá proponer los medicamentos que deben ser excluidos. En segundo lugar está la “fase de análisis técnico científico”, que estará a cargo del Instituto de Evaluación Tecnológica. El objetivo: estudiar las recomendaciones de los principales representantes de la academia.
El tercer paso consiste en consultar a la ciudadanía y a los pacientes sobre la lista de medicamentos o servicios de salud excluidos. En este punto participará la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar la transparencia.
Por último está la “fase de remisión del concepto técnico científico y de la recomendación”. En este punto el Ministerio de Salud evaluará los aportes y las observaciones de la academia y del sector médico. Pasadas las pruebas, se publicará la lista de los servicios y los medicamentos excluidos del Plan de Beneficios.
En las reuniones con el Ministerio estuvo Carlos Felipe Muñoz, consultor en salud. En 2017, cuenta, “entramos en un período de transición para delimitar el Plan de Beneficios. Este proceso no será sencillo, pues se deben evaluar los gastos y los servicios de salud. Nos puede tomar fácilmente todo 2017. No es que de un día para otro se presente una transformación ‘mágica’ en los hospitales”.
Solucionar el problema financiero
Las EPS están ahogadas por su situación financiera. Con la mayoría de medicamentos incluidos en el POS, el sistema se podría reventar. Así lo considera Jaime Arias, presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
“El gran debate para el sector es que si todo queda incluido en el POS, sería terrible para las EPS en términos financieros. El impacto puede ser muy fuerte, ahora debe adelantarse un mecanismo participativo y transparente para definir la lista de exclusiones”, dijo Arias.
El mismo ministro Gaviria admitió los retos de sostenibilidad financiera que tiene el sistema de salud. “Actualmente 28.000 pacientes padecen de enfermedad dial crónica, y todos reciben diálisis. Esto lo han logrado pocos países en el mundo. Pero tenemos nuevos medicamentos para la Hepatitis C. Cada tratamiento vale 100 millones de pesos y tenemos 200.000 pacientes que lo necesitan. ¿Cómo incorporarlos? Ahí necesitamos trabajar con las sociedades científicas”.
La organización Pacientes Colombia llamó la atención sobre algunas modalidades que estarían utilizando las EPS para evadir obligaciones de servicios médicos, como “la intención de cobrar copagos y la intencionalidad de violar abiertamente la autonomía médica”.
Definir un nuevo sistema de afiliación
Paralelo a implementar el programa de uso racional de medicamentos, el Ministerio de Salud tiene que consolidar, a más tardar en diciembre, el Sistema de Atención Transaccional (SAT). Con el decreto 2353, se establecieron las reglas para crear el SAT.
Por orden de la Corte Constitucional, el ministerio se ve obligado a garantizar la afiliación de todos los pacientes. Debe, según el alto tribunal, “simplificar las reglas de afiliación a través de un sistema unificado y sistematizado de la información, que reduzca los trámites de afiliación y elimine las barreras que afectan el acceso a los servicios de salud”.
Según el Ministerio, “este mecanismo elimina cualquier barrera de acceso a los servicios originada en la actualización de bases de datos, y servirá como un único comprobador de los derechos de los afiliados”.
Enfrentar posibles demandas y tutelas
El calendario del Ministerio de Salud no ha coincidido con el de algunas organizaciones médicas. La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), considera que el Ministerio está implementando la Ley “de acuerdo con su propia interpretación”.
Luis Martínez, director ejecutivo de la organización, dijo que “el Gobierno se ha dedicado a sacar vía decreto su propia interpretación de la Ley Estatutaria, que consiste en salvar financieramente a las EPS, dejando de lado el modelo de salud que necesita el país”. Por no garantizar el derecho fundamental a la salud, el Ministerio ya fue demandado.
Esta opinión fue respaldada por Carolina Corcho, vocera Mesa Nacional Por el Derecho a la Salud: “A finales de 2016 el Ministerio expidió una resolución actualizando el POS. No es tan real que desaparezca. El sistema que están montando sobre una lógica de exclusiones, sin tener en cuenta que la Corte Constitucional pide la garantía en la prestación de los servicios. Están reviviendo el POS vía exclusiones”.
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