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¿Se fumigaría la coca aun en contra de la norma?
El Gobierno afirma que si el Consejo Nacional de Estupefacientes da luz verde, entre julio y septiembre volverían las fumigaciones desde el aire.
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Foto Reuters
19 de junio de 2019
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Aunque sigue pendiente una decisión de la Corte Constitucional sobre la modificación o no de la sentencia T-236, en la que se establecen los requisitos (ver ayuda) para reanudar la aspersión aérea con glifosato, el Gobierno anunció que está todo listo para el cumplimiento de esos requerimientos y que solo estaría esperando luz verde del Consejo Nacional de Estupefacientes para volver a fumigar.
“Lo que se ha venido haciendo es avanzar en el cumplimiento de los protocolos definidos por la Corte Constitucional. Avanzamos en las líneas de precaución, en todas las lineas de análisis, en exámenes técnico- científicos para tener todas las herramientas a disposición”, afirmó el presidente Iván Duque desde Londres.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, explicó que, contando con la autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes, la aspersión aérea con glifosato volverá y, según sus aspiraciones, se haría el próximo semestre.
“Aspiro que en julio se de la autorización. De ahí se debe tramitar la licencia ambiental y creemos que puede tardar entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme. Hay unos protocolos para cumplir, unos pilotos para controlar, los aviones y las boquillas de ultra bajo volumen y todas las adaptaciones ya estaban listas”, añadió el ministro.
Otro de los detalles que reveló el Gobierno, es que los departamentos priorizados para el posible reinicio de las aspersiones son Norte de Santander, Nariño y Putumayo, donde se concentran la gran mayoría de cultivos de uso ilícito. Un antecedente histórico es que en 2008 el Estado colombiano tuvo que pagar 15 millones de dólares al vecino país como conciliación a una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por afectaciones generadas por el uso del herbicida en zona fronteriza, afectando con la fumigación a los campesinos del lado ecuatoriano.
La controversia con la Corte
Aunque la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortíz, afirmó que en las próximas semanas habrá un pronunciamiento, recordó que fue el Gobierno el que pidió modular la sentencia.
La pregunta que surge es si el Ejecutivo va en contravía del alto tribunal y no está teniendo en cuenta lo que resuelve.
Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, cree que no se están saltando la Corte y, al contrario, lo que se busca es acomodarse a las exigencias que se dieron en la sentencia.
“Lo que está diciendo es que se está ajustando a los protocolos y que va hacer fumigación aérea de alta precisión para evitar el daño ambiental”.
Sin embargo, para Luis Felipe Cruz, investigador de la línea Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, se presentan dos interrogantes: ¿La Corte es la encargada de limitar la competencia del Gobierno en este aspecto particular de la aspersión aérea?, o ¿el gobierno por iniciativa propia puede declarar por él mismo que cumplió las condiciones?
“Lo que pasa es que en un Estado de Derecho uno debería cumplir con la primera tesis que es que la Corte, en virtud de una sentencia de tutela, estableció unas medidas, y que el mismo decreto de la tutela permite que la Corte mantenga competencias para vigilar las acciones del gobierno”, asegura el investigador.
¿Se cumplen los requisitos?
Tanto el presidente Duque, como el ministro Botero, afirman que se viene trabajando para cumplir las condiciones exigidas. Sin embargo, desde Dejusticia afirman que no, y argumentan que el Gobierno no ha puesto en discusión pública los riesgos del glifosato y no ha presentado sus argumentos.
“A pesar de que el Gobierno afirma que está cumpliendo, no ha pasado, porque no ha publicado los informes de análisis de riesgo de la sustancia, no ha dicho por qué se ha superado el riesgo que exige el principio de precaución, y este supone una discusión científica al rededor de los riesgos de una sustancia”, asegura Cruz.
A esto se le suma la opinión de Daniel Mauricio Rico, investigador en temas de droga y director de C-Análisis, quien también duda de la capacidad del Gobierno para cumplir y, además, enfatizó: “Las afirmaciones de hoy (ayer) del Ministro Botero son más un cañazo que un cronograma serio. Difícilmente va a lograr conseguir los pilotos, los soldados y los policías, el herbicida, los hangares, las pólizas, las licencias, los permisos y montar el esquema de garantías que pide la Corte para retomar la aspersión en ese plazo tan corto.
EL COLOMBIANO consultó con el ministerio de Justicia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte y desde esta cartera respondieron que la vocería la lleva MinDefensa. Al cierre de esta edición, MinSalud tampoco se había referido al respecto.
El uso del glifosato ha estado precedido por el crecimiento de los cultivos de uso ilícito que, que según la UNODC, ha estado en aumento al pasar de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 en 2017. Se está a la espera del informe de 2018. Además, el uso del herbicida fue prohibido en 2015 cuando al alto tribunal concluyó que era una sustancia cancerígena.
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