Revivir el dolor. Eso representó para los familiares de personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, la versión que entregó el pasado martes el fiscal investigador del caso, Jorge Ricardo Sarmiento, en el que afirmaba textualmente que las “11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal identificadas o mal entregadas en 1985”.
Ante una afirmación de tal calibre, el escándalo estalló entre la opinión pública, pues de ella se desprendía que la Fiscalía no admitía que en los hechos del 6 de noviembre de 1985 varias víctimas sufrieron una desaparición forzada, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2014 por ese delito, en los casos de ocho personas que salieron con vida del Palacio y cuyo paradero nunca se estableció.
Fue tal la confusión, que el fiscal Sarmiento tuvo que salir a aclarar lo dicho ante los medios de comunicación y, aunque en un principio habló de que los 11 desaparecidos habían sido mal identificados, cambió su versión.
“La Fiscalía y Medicina Legal han podido encontrar a seis de esas 11 personas cuyos cuerpos habían sido inhumados bajo otro nombre o mezclados con los restos de otras víctimas”, pero que “esto no quiere decir que a futuro, los restos que faltan por encontrarse, no constituyan casos de desaparición forzada”. Es decir, no hay prueba judicial de que se haya dado la desaparición forzada, pero eso no signfica que se haya de descartado.
Las sentencias
En su sentencia de 2014, la Corte IDH responsabiliza a Colombia por los casos de Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo, Mary Portela, Lucy Oviedo y Gloria Anzola, a quienes consideró “fueron desaparecidos forzosamente y concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad”.
Esa decisión fue posterior a la del Tribunal Superior de Bogotá, que el 30 de enero de 2012 confirmó en segunda instancia la condena contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición de los 11 sobrevivientes. Ese mismo tribunal confirmó la condena al general (r) Jesús Armando Arias, a 35 años de cárcel como coautor de la desaparición forzada de cinco de las víctimas.
Estos procesos hacen más llamativa la versión que ahora da la Fiscalía sobre la mezcla de restos y su errónea identificación en 1985, pues como consta en los expedientes judiciales, ese ha sido uno de los argumentos usados por los abogados de los militares para buscar librarlos de su responsabilidad en el delito de desaparición forzosa.
Dolor e indignación
Con voz angustiada, Inés Castiblanco, hermana de Ana Rosa Castiblanco, la auxiliar de la cafetería del Palacio que tenía ocho meses de embarazo al momento de la toma, calificó en diálogo con EL COLOMBIANO como “un horror desastroso del Estado, del fiscal y de los militares” esta nueva versión.
La víctima recordó que su hermana fue una de las primeras desaparecidas en ser reconocida como tal por el Estado, y cuestionó: “cómo no va a ser una desaparición forzada, si de nuestros familiares nos devolvieron unos restos. Queremos la verdad”, concluyó.
Por su parte, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos manifestó que cuando la noticia salió sintió que hay una deshumanización “al no ponerse en los zapatos de los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia y después de tantos años de dolor, volver a negar lo que se negó hace 34 años. Hay sentencias que han reconocido que hubo desaparecidos y ahora se le da a alguien por salir a decir que no, lo que es como salir a decir que no hay sol”..
