La ley de sometimiento, que llega en febrero al Congreso y que tiene como fin desenredar los proceso de paz total con las narcobandas, traería una gabela clave que ya se está socializando con Estados Unidos. Según el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde y articulador de esa iniciativa con el Ejecutivo de Gustavo Petro, lo que se busca es que –cuando ya se esté en la fase de negociación– se puedan frenar las extradiciones de los narcotraficantes que colaboren con la justicia.
Pero mientras se llega a esa etapa, que ya está en fase de acercamientos secretos, el Gobierno de Gustavo Petro no quiere intervenir de forma irregular en los pedidos de extradición que emita Estados Unidos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, lo ratificó este viernes en Washington.
En todo caso –en diálogo con EL COLOMBIANO–, el senador Ávila aseguró que gran parte del éxito de esta iniciativa necesariamente pasa por el cara a cara que tendrán Petro y el fiscal Francisco Barbosa en 10 días en Bogotá, luego del duro choque que protagonizaron por la negativa de levantar las órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y los Pancheca.
¿Qué lectura hace de la reunión entre Petro y Barbosa, justo después del rifirrafe que hubo por el levantamiento de órdenes de captura?
“La ley de orden público entrega facultades al Gobierno para levantar órdenes de captura. Sin embargo, el Fiscal tiene dudas; dice que necesitamos un marco jurídico más fuerte, y tiene razón, pero la ley de sometimiento ya está en la agenda legislativa. Además, es importante que se instale la mesa de acercamiento con organizaciones criminales y se encuentre la metodología para negociar los beneficios. Si no instalan la mesa, las dudas no son solo del Fiscal. Yo, personalmente, tengo dudas”.
¿En esa ley de sometimiento se van a ampliar los beneficios de los que se acojan a la justicia ordinaria?
“El sometimiento a la justicia ya existe, es el principio de oportunidad. Lo único que nosotros vamos a hacer es volver eso colectivo. Ahora hay escándalos, sobre todo por la oposición del Centro Democrático, de que vamos a darles beneficios a los bandidos, pero eso ya existe. Este es un modelo típicamente gringo: el bandido entrega bienes y verdades, y el Estado le da una reducción de la pena. Hay que aclarar que no va a haber justicia transicional acá, es un tema de justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía va a tener mucho para opinar. Además, esta ley dará los criterios de entrada de cuáles son las organizaciones a las que se les aplica y cuáles no”.
Esa ley de sometimiento le servirá al Clan del Golfo y a La Oficina, ¿pero cuáles son las garantías para que esos actores ilegales sí cumplan?
“La ley aplica a todos los grupos armados. La Fiscalía tendrá que verificar la verdad que dan y si son reales los bienes que entregan. Y los que no cumplan, pierden los beneficios. Las garantías son que hay una Fiscalía fuerte, y que la justicia verificará la información de los bandidos”.
Pero la polémica se mantiene porque una cosa es el ELN con un estatus político y otra las bandas con vocación de narcotráfico y de enriquecimiento ilícito. Aparte de esa ley de orden público, ¿qué diferencia habrá en el trato?
“La paz total tendrá dos tipos de procesos: de negociación de paz, con una agenda política en la que se reconoce el estatus de beligerancia. La única mesa así es la del ELN. También habrá procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia, que son conversaciones sociojurídicas. Pero ahí no hay agenda política ni estatus de beligerancia. En ese segundo grupo entra el Clan del Golfo, La Oficina, todos esos. Con las disidencias tenemos un debate; uno de los decretos presidenciales creó una comisión para determinar su estatus. Creo que habrá un tratamiento diferencial, no habrá una mesa como la del ELN, tampoco un sometimiento puro y duro, sino una mezcla entre las dos”.
En este escenario se dice que esa ley de orden público le metieron un “mico” con respecto al levantamiento de las órdenes de captura de los narcos. ¿Usted qué piensa?
“El levantamiento de órdenes de captura estuvo desde el primer debate y en procesos de negociación son absolutamente normales. Ahí no hay ningún ‘mico’ ni se metió por debajo de la mesa”.
En ese sentido, con el panorama de la paz total, ¿cómo va a quedar la extradición?
“En la medida en que un narco colabore, no sería extraditado. Hay que llegar a un acuerdo con el tratado de extradición con Estados Unidos, pero ese beneficio solo aplicaría para aquellos que entreguen toda la verdad y los bienes por completo. Los demás tendrán que ser extraditados. El Gobierno será el que converse ese tema con Estados Unidos. El embajador, en todo caso, dijo que ellos apoyarán la paz total y, hasta el momento, el gobierno norteamericano lo ha hecho”.
Esa paz total está envuelta en una polémica con cuestionamientos a Petro por sus salidas en falso. ¿Cómo se podría destrabar y a qué riesgos se enfrenta?
“Yo creo que el Gobierno de Gustavo Petro tiene que mejorar las formas de comunicar. Tantos anuncios y desorden hacen mucho daño. Pero si logra mejorar su sistema de comunicación, no habrá mayores dificultades en adelante. Soy muy crítico de la forma como se han manejado los temas de comunicación”.
Ya se tramitó la ley de orden público, sigue la de sometimiento y faltaría otra en el marco de la paz total. Hablando ya para la futura legislatura, ¿en qué consiste este último articulado?
“Es la implementación de lo que se llegue a los acuerdos. A esto le falta un segundo pedazo, pero, por el momento, la ley que permite las negociaciones de paz y sometimiento tiene que andar. Ya aprobamos el 50 %, que es la de orden público y falta la de sometimiento. Después vendrán otras leyes, producto de las negociaciones” .
Por segunda vez un juez frena en seco libertad a integrantes de Primera Línea
Cero y van dos. Otra vez un juez de control de garantías le dijo “no” al Gobierno Petro y se negó a autorizar la libertad de tres jóvenes procesados por delitos durante el paro nacional de 2021, quienes habían sido postulados para asumir el rol de “voceros de paz” de la Primera Línea.
Se trata de Steven Guevara Vega, Luidiar Felipe Camacho Chávez y Daniel Fernando Ruiz, los mismos tres jóvenes a quienes el pasado 12 de enero el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá se abstuvo de autorizarles la libertad por falta de competencia tras un error en el procedimiento jurídico. En esta oportunidad, la juez 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá señaló que no había suficiente claridad en el marco normativo para dar vía libre a la excarcelación.
“Se concluye que el legislador, desde 1997 hasta su última prórroga en 2022, ha querido que cuando se adelanten diálogos con grupos armados organizados solamente se pueden suspender órdenes de captura contra quienes figuren, funjan o se designen como representantes o voceros de esos grupos”, indicó la juez durante la audiencia.
En esa línea, argumentó que la ley de paz total y las resoluciones del Gobierno que dieron piso jurídico a la solicitud “no dicen nada” sobre la suspensión de las medidas de aseguramiento, una libertad provisional o definitiva o el acceso a algún beneficio.
Esta semana se conoció que la Fiscalía llamará a interrogatorio a Lilyan Bastidas Huertas, la única jueza que ha autorizado libertades para los de la Primera Línea por petición de la Casa de Nariño. Días pasados, fue denunciada por la Procuraduría tras dar vía libre a la liberación Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa.
