Michel Suárez pudo cumplir su sueño de prestar servicio militar de manera voluntaria luego de que el Ejército Nacional atendiera el llamado de la Ley 1861 de 2017 que invita a fomentar la equidad en esa institución. Así, tras 25 años de espera, más de 5 mil mujeres se presentaron a la convocatoria que realizaron para ser soldados profesionales y se conformó el primer contingente con 1.295 soldados mujeres.
No obstante, luego de que se pusiera en marcha esta norma, a la Corte Constitucional llegó una demanda contra esa ley, que alegaba que la imposición del servicio obligatorio para los hombres era una violación al derecho a la igualdad y consagraba un estereotipo de género.
El alto tribunal estudió las consideraciones que el demandante presentó y, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, decidió rechazar esta pretensión y mantener que la prestación del servicio militar seguirá siendo voluntario para las mujeres.
En sus argumentos, la Corte señaló que la demanda no tenía ningún sentido, puesto que, al ser opcional para ellas, lo que se busca es cerrar las brechas de género que existen y son evidentes entre hombres y mujeres. Como, por ejemplo, el acceso a la educación superior o el ingreso y vinculación al mercado laboral.
La decisión favoreció a la soldado Suárez, psicóloga de profesión, quien cambió sus rutinas de vida civil para formar parte del primer pelotón de mujeres del Batallón Guardia Presidencial, donde recibe entrenamiento y preparación igual que los hombres, pero tendrá labores administrativas, logísticas y de seguridad en bases, batallones, brigadas y divisiones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Montería, Quibdó, Tunja, Yopal y Popayán.
De hecho, en su decisión el alto tribunal recordó que, en 2022, la tasa global de participación de las mujeres (proporción entre la población económica activa y la que está en edad de trabajar) bajó al 51,4 %, un 25,1 % más que la de los hombres; así como que “el 39,1 % de ellas no tiene ingresos propios para vivir a partir del rango de 15 años o más, frente a una proporción que en los hombres tan solo llega al 16,7 %”.
Al respecto, la abogada feminista, magíster en estudios de género y profesora de derecho, María Alejandra López, aseguró que esta determinación “es el intento de materializar el enfoque de género dentro de la aplicación de la perspectiva feminista y de que las mujeres son sujetos de especial protección”, ya que hacer obligatorio el servicio militar para ellas “es ponerlas en una posición de vulnerabilidad mayor, pues los actores armados legales e ilegales han sido los mayores perpetradores de la violencia de género en el marco del conflicto armado”.
De acuerdo con la Corte, para no existía algún tipo de discriminación sobre el hecho de que para ellas siguiera siendo voluntario y no obligatorio, como lo es para los hombres. De hecho, aseguró que mantenerlo así es una acción afirmativa para que las mujeres puedan “realizar sus derechos al trabajo y a la educación, respecto de los cuales persiste una brecha de género, aunado a la necesidad de atender la situación especial de violencia que han padecido en el marco del conflicto armado”.
En consonancia con lo anterior, dijo este tribunal que esa acción solo debe quitarse “cuando se han alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato que la justifican, lo cual (...) todavía no ha ocurrido”.
Así las cosas, la Corte Constitucional declaró exequible que para las mujeres se mantenga el servicio voluntario y sea obligatorio “cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno nacional lo determine”, como lo determina la ley.
