Con 13 semanas de embarazo y un miedo tremendo a tener un bebé que no podía sostener, Lorena llegó a un consultorio médico particular –de dudosa procedencia– y esperó durante aproximadamente dos horas mientras le hacían un legrado.
Ese aborto, que podría haber sido legal si apelaba a la cláusula de salud mental, terminó en una muerte dolorosa mientras se desangraba en la tercera clínica que visitó ese día: en la primera le practicaron un proceso con complicaciones, en la segunda no la atendieron por falta de convenio con su EPS y en la tercera murió. (Ver: Imagen apoyo)
Por complicaciones que terminan en muertes –como la de Lorena– y mujeres que son llevadas a la cárcel después de ese proceso, a la Corte Constitucional llegaron dos demandas que buscan eliminar el delito del aborto y que podrían cambiar la historia del país adoptando medidas similares a naciones como Argentina, México y Chile, donde ya se ha despenalizado el aborto parcialmente.
Este jueves, el alto tribunal tomó dos decisiones claves para concluir el proceso. Primero, aceptó el impedimento de voto del magistrado Alejandro Linares por referirse al tema del aborto en una entrevista cuando las normas se lo prohiben y, segundo, votó la despenalización del aborto llegando a un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra que deberán resolverse con un conjuez diferente para cada demanda.
Mientras que la demanda del movimiento Causa Justa la definirá el conjuez Julio Andrés Ossa, la de Andrés Sánchez la tendrá que votar Juan Carlos Henao.
Pese a que aún no hay fechas para esos dos pasos, el encargado de definir la agenda será el presidente del alto tribunal, Antonio José Lizarazo, quien se ha mostrado a favor de la despenalización.
Volviendo al caso de Lorena, que ya se ha convertido en un símbolo para la lucha por la despenalización, se supo que la Fiscalía entrevistó a la mamá de Lorena y concluyó que era una mujer de 35 años de edad que pagó una suma de 500.000 pesos y decidió asistir a un consultorio ilegal por miedo a no poder terminar con ese embarazo en cualquier otra parte.
Esa investigación –que viene en curso desde el 8 de enero, día en el que murió la mujer– aún continúa no solo porque siguen buscando al médico identificado como Manuel Cerpa, sino porque se investiga un delito puntual: el del aborto.
“Por ella, y por casos como ese, es que exigimos que el aborto deje de estar tipificado en el código penal como un delito. Ninguna otra mujer debería asistir a un procedimiento clandestino y morir por ello”, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO Laura Gil, médica ginecobstetra y vocera del movimiento Causa Justa, quien es uno de los demandantes.
EL COLOMBIANO contactó a un familiar de Cerpa, quien dijo que su familia no estaba interesada en dar decleraciones, y le envió un mensaje al médico, pero este no respondió.
Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, fechado el 26 de septiembre de 2021, “las infecciones obstétricas, en particular las complicaciones tras un aborto o las infecciones derivadas de una cesárea, son la tercera causa más frecuente de mortalidad materna”, debido, en buena parte, a procedimientos realizados sin las condiciones y las herramientas necesarias.
