En 2013 Uber llegó a Colombia y con el ingreso de esta tecnológica se abrió una discusión hasta ahora sin una solución definitiva sobre la legalidad de estas iniciativas y, de conseguirse, sobre cómo lograr que las condiciones sean relativamente equitativas en la competencia para taxis y este tipo de plataformas, a las que se suman Beat y DiDi, entre otras.
Para cierre de año, por primera vez se logró una ponencia, luego de que se tuvieran siete diferentes proyectos que, aunque diversos, lograron confluir en una propuesta para que se debata durante este año en el Congreso.
La cuenta regresiva en el legislativo indica que para el 20 de junio se necesita que al menos se haya dado un debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y que para cierre de año ya haya pasado otros tres: Plenaria de Cámara, debate de Comisión en Senado y por último la Plenaria del Senado, para así pasar a sanción presidencial, luego de las jornadas de conciliación entre ambas cámaras.
La apuesta
Esta conjunción de ideas concluyó en una propuesta en la que se da pie a que estas plataformas sean legales en el país bajo cambios en ambas partes que buscan igualar las canchas. Para ello, se llevaron a cabo cinco mesas técnicas, en las que se involucraron diferentes interesados: asociaciones y ligas de usuarios, empresarios taxistas, socios y usuarios conductores, plataformas de movilidad y conductores de taxis.
La discusión iniciará con la creación de la categoría del servicio de movilidad colaborativa en vehículo particular intermediado por plataformas tecnológicas y la eliminación de los cupos de los taxis, sopena de una compensación de 1 % del recaudo de viajes que generen las apps, dinero que iría a un fondo “para la movilidad y la infraestructura”.
No obstante, frente a la iniciativa, Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, comentó que “para que se legalicen vehículos particulares a prestar servicio público individual primero el estado nos debe indemnizar, no las aplicaciones con el 1 %”.
Adicionalmente, el planteamiento que surtirá su trámite en el Congreso propone que los vehículos particulares deberán tener una antigüedad máxima de 10 años y adquirir seguros del mismo nivel que los taxistas.
Frente a esto, David Luna, director de Alianza In, gremio de 17 plataformas de economía colaborativa, resaltó que “la ponencia tiene un significado muy importante desde el punto de vista ciudadano al tener el consumidor el derecho de elegir el servicio que quiere tomar”.
