El Consejo de Estado resolvió que para que una persona pida una reparación directa por la comisión de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en su contra, tendrán un plazo legal de dos años a partir del momento en que hayan conocido o se entienda que deberían haber conocido los acontecimientos originarios de las pretensiones resarcitorias.
Para el Consejo de Estado, frente a las demandas de reparación directa por la probable ocurrencia de estos delitos, sí se debe aplicar el plazo establecido legalmente en los procesos administrativos, salvo los casos de desaparición forzada, que tienen una regulación legislativa específica.
Sin embargo, la corporación aclaró que este plazo no se aplicará cuando se demuestre que se produjeron circunstancias que impidieron ejercer del derecho a interponer la demanda de reparación directa, situaciones que, una vez superadas, darán lugar a que empiece a correr el plazo previsto por la ley.
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Con estos argumentos, el Consejo de Estado rechazó una demanda de reparación directa que interpusieron los familiares de un ciudadano que murió en un operativo militar en abril del 2007 y que fue presentado como una baja guerrillera, sin serlo.
Para la corporación no hubo ninguna circunstancia que justificara el que los demandantes hubieran interpuesto la acción de reparación directa cinco años después de vencidos los términos legales para hacerlo, lo que condujo a rechazar la acción por caducidad de la misma.
Frente a esta decisión salvaron el voto los magistrados María Adriana Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata, mientras que el consejero Guillermo Sánchez Luque aclaró el voto.
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