El paro de las madres comunitarias completó ocho días. Cerca de 100 mujeres han soportado las lluvias de Bogotá en cambuches improvisados, instalados en frente de las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Las negociaciones con la directora de la entidad, Cristina Plazas, se han ido aplazando, lo que ha afectado la atención de 10.000 niños. Solo hasta ayer, a las 5:30 de la tarde, lograron conversar.
Desde diciembre de 2015, las madres comunitarias le han pedido al Icbf que vincule a 64.000 madres a la planta de la entidad, esto con el fin de gozar de un contrato a término indefinido y de prestaciones sociales. Además, han solicitado cambios en el programa nutricional para entregarles una alimentación más balanceada a los niños.
Caridad Vásquez, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar (Sintracihobi) en Antioquia, cuenta que el único punto que hace falta por conciliar es el labor: “se están dando contrato de tres, cinco o seis meses, eso no es justo. Las madres no tienen seguridad social y algunas están en muy mal estado de salud”.
Nutrición y pensión
Sobre la vinculación laboral directa de las madres comunitarias, Plazas ha señalado que no es posible cambiar el modelo de contratación: “nos detenemos cuando se solicita crear 64.000 puestos de trabajo, esto es imposible porque la ley no lo permite, por eso es el Congreso el competente para atender esta petición”.
El problema de la contratación no es menor, pues en diciembre del año pasado cerca de 200 madres comunitarias protestaron en las sedes del Instituto por el retraso de tres meses en el pago de sus salarios.
Hace tres años exactos, el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 605, que estableció subsidios mensuales por 280.000 pesos para la pensión de las madres comunitarias que no reunían los requisitos para acceder al Sistema de Beneficios Periódicos. En ese entonces, las madres señalaron que la oferta era “una ofensa”. “Por eso hemos seguido en paro, porque no han cumplido con nuestras exigencias”, dijo Olinda García, presidenta de Sintracihobi.
Las madres comunitarias, que en todo el país atienden 1 millón 77 mil niños y niñas a través del servicio de hogares comunitarios, lograron que el Icbf se comprometiera a implementar cambios en el programa de alimentación: “nosotras pedíamos que se ajustara el valor nutricional de los alimentos que se le da a los niños en un 100 por ciento, pero el Icbf se comprometió con el 70 por ciento (estaba en 56 por ciento). Hoy en día la minuta es irrisoria, mandan un cuarto de libra de frijol para 13 niños”, sostuvo Vásquez .
Frente a la propuesta de impulsar un proyecto de ley para que las 64.000 madres comunitarias puedan ser contratadas por el Icbf, Vásquez señala que “es una opción poco viable, pues el proyecto de ley lo pueden tumbar”. Un último punto que aparece en el pliego de peticiones consiste en que el Icbf cambie los operadores que participarán este año en la contratación de madres comunitarias. “Estos nuevos operadores dicen no contratar personas mayores de 50 años, lo cual atentaría en contra de las negociaciones y compromisos que se han acordado”.
Para Eliana Peñaloza, docente en El Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, es clave que el Gobierno garantice la contratación y la nutrición: “hemos hecho capacitaciones para madres comunitarias. Estudian hasta diciembre y en enero no regresan porque no las contratan. Desde noviembre empiezan a sentir angustia y son ellas las que se encargan de nuestra población infantil. Su experiencia es fundamental, pero si no garantizamos una correcta alimentación y contratación los resultados no serán adecuados”
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millón 77 mil niños acuden a los hogares de las madres comunitarias.
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madres comunitarias han participado en el paro nacional.
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