En la campaña para las elecciones regionales de este mes de octubre ya van siete candidatos asesinados en el país y otros han señalado ser blanco de amenazas. La alarma que comenzó tres semanas atrás con el homicidio de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca) por el Partido Liberal, se ha convertido en un fenómeno que azota a diferentes regiones y tiene en alerta a las autoridades.
Este fin de semana otro caso de violencia electoral apagó la vida de Bernardo Betancourt, candidato a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, por el Partido Conservador, sumando su nombre a la triste lista de aspirantes que no alcanzaron a llevar su campaña hasta el 27 de octubre, día de las elecciones.
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Pero a pesar de este panorama, el Gobierno Nacional no ha considerado mover la fecha de los comicios en los municipios afectados por esos homicidios, según explicó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a la emisora Caracol Radio.
La violencia electoral es una amenaza de la que ya tiene conocimiento el Gobierno del presidente Iván Duque. De acuerdo con la ministra, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) han llegado 496 casos de candidatos que aseguran estar en riesgo y piden una custodia especial.
De estos, 480 ya tienen medidas de atención. Cada que se registra una nueva alerta, representantes de los partidos, la Policía y el Ministerio del Interior integran comités de protección para definir si esta denuncia representa efectivamente un caso de inseguridad, y así analizar su nivel de riesgo y la protección que necesita el candidato.
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“Hay zonas del país que coinciden con zonas de narcotráfico, cultivos ilícitos y explotación ilegal de minerales, en los que hay grupos armados destinados a generar el caos y buscar esta situación como amenazas”, afirma Gutiérrez. A juicio de la ministra, “las autoridades han actuado contundente y rápidamente”.
Además de esos siete casos de asesinatos, las autoridades aún buscan la pista de Óscar Lombana, candidato a la Alcaldía de Potosí, Nariño, por Cambio Radical, quien fue secuestrado el pasado 10 de septiembre en zona rural de ese municipio.
“Esta situación de hechos en contra de los candidatos tristemente es una secuencia de violencia que se presenta cada cuatro años en Colombia”, más acentuado en elecciones regionales, concluyó la ministra.
Según un reporte de la Procuraduría General de la Nación, 315 municipios presentan alto riesgo en estas elecciones. Los más afectados están en Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Meta.
