Los trabajadores de la rama judicial no dan su brazo a torcer en el pulso con el Gobierno y condicionaron frenar el paro nacional a revocar el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que elimina 132 despachos de descongestión judicial y 1.400 cargos de funcionarios.
Para hoy los representantes de la Asonal judicial esperan una respuesta de la Judicatura, luego de decidir ayer en reunión de la comisión interinstitucional que el paso a seguir para conjurar el paro es solicitar una reunión extraordinaria al presidente Juan Manuel Santos.
"La reunión con el presidente tiene como fin buscar los dineros adicionales que garanticen la continuidad de los tribunales de descongestión que requiere la administración de justicia y que no se menoscaben los derechos de los trabajadores", explicó el representante de Asonal judicial, Luis Fernando Otálvaro.
Anuncio de recorte
El recorte de los despachos de descongestión fue anunciado la semana pasada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Su presidente, el magistrado Pedro Munar, precisó que "eran necesarios 250 mil millones de pesos solicitados al Gobierno, pero solo se consiguieron 170 mil millones, de los cuales 100 mil hacen parte del propio presupuesto de la Rama Judicial".
Agregó que "se entendía que las medidas se prorrogaban y teníamos unos restos y el Gobierno dijo gástenselos hasta donde les alcance y nosotros no los vamos a dejar colgados de la brocha. Pero incumplieron".
Según Munar, "era obvio que sí nos recortan el presupuesto, hay un recorte generalizado".
Como consecuencia del anuncio de eliminación de los despachos judiciales de descongestión, los juzgados administrativos de Bogotá se declararon desde ayer en asamblea permanente.
Los funcionarios señalaron que solo atenderán tutelas y habeas corpus en protesta porque "ni el Gobierno Nacional, ni el Consejo Superior de la Judicatura han tenido la voluntad real de crear despachos permanentes y disponer plantas definitivas que permitan cumplir adecuadamente con la demanda de justicia".
En su decisión también cuestionan que no se ha implementado el sistema oral para agilizar los procesos judiciales y disminuir la congestión de procesos.
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