Delatar a personas de su mismo nivel jerárquico o superior es el único camino que le queda al general (r) Mauricio Santoyo Velasco, después de aceptar la culpa, en un estrado estadounidense, por conspirar con organizaciones terroristas.
Un funcionario colombiano, que conoce el caso, precisó que en el acta de aceptación, “queda explícito que él se compromete a cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos mediante información”.
La teoría va en concordancia con lo dicho por el abogado Óscar Rodríguez, defensor del implicado, quien declaró: “Mi cliente está comprometido con decir la verdad y cooperar”.
Peter Carr, vocero del Departamento de Justicia de E.U., comentó a El Colombiano que el acuerdo con Santoyo contempla una pena de entre 10 y 15 años de cárcel máximo.
Es necesario reiterar que, si bien la acusación inicial ante la Corte del Distrito Este de Virginia fue por “conspiración para distribuir cinco o más kilos de cocaína, encubriendo su importación ilegal en E.U.” (indictment 1:12-CR-217), la negociación con la justicia norteamericana implica cambiar esa formulación, pues el detenido aceptó la conspiración con las Autodefensas (organización terrorista), mas no que participó en narcotráfico.
La fuente judicial explica que, bajo las circunstancias actuales, pese a que brindará información, el policía (r) no es un testigo protegido, sino un cooperante.
“Los testigos no siempre son encarcelados y gozan de protección, siempre y cuando se mantengan en E.U.; a su núcleo familiar se lo llevan para allá, y por lo general les conceden permisos y visas como la parole”, precisó el funcionario.
Testigos protegidos fueron, por ejemplo, los que se presentaron a las autoridades y entregaron datos para la captura de los extraditables Diego Montoya (alias “don Diego”, del cartel del Norte del Valle, quien cayó en 2007) y “El Mellizo”, llamado Miguel Ángel Mejía, arrestado en 2008.
La protección solo los cubre en suelo estadounidense, y en los citados casos los testigos viajaron a Colombia, donde encontraron la muerte: a “don Diego” le endilgaron el homicidio del testigo federal John García, alias “Dosmil”, y a “El Mellizo” la de Manuel Gaviria, apodado “Tocayo”.
Por el momento, en su calidad de cooperante, Santoyo continuará en la cárcel de Virginia y la rebaja de la pena, por la cual aceptó la acusación, depende de sus confesiones. A juicio de la fuente, esto podría desencadenar más procesos penales en Colombia.
En efecto, el acuerdo firmada por ambas partes (plea agreement) exige incluso que Santoyo sea sometido a interrogatorios con polígrafo y que entregue documentos relacionados con la investigación (ver el recuadro).
El escándalo crece
Mientras eso ocurre en E.U., el escándalo no se detiene en Colombia.
El general José Roberto León Riaño, director de la Policía Nacional, manifestó que “el general (r) Santoyo nos decepcionó a todos, la situación particular de él demuestra que las alianzas con el diablo nunca son buenas”.
Agregó que la Institución no tenía información de los nexos de su antiguo colega con la mafia.
El expresidente Álvaro Uribe, de quien el procesado fue Jefe de Seguridad durante un periodo de su mandato, trinó en su cuenta de Twitter: “Mis abogados pedirán a juez que GralSantoyo (sic) diga si recibió mal ejemplo, siquiera indebida insinuación de comandantes, ministros o mi persona”. Sobre el tema, el expresidente respondió en exclusiva a este diario (ver columna).
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras proferir que “el que la hace, la paga”, espera que “esa colaboración judicial (de Santoyo) contribuya a seguir desenmascarando personas que estuvieron aliadas con criminales”.
Por todos los hechos relacionados con el caso Santoyo, varios congresistas están promoviendo un debate de control político para establecer las responsabilidades que tuvieron los superiores del investigado general (r).
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