El Senado aprobó el pasado martes la reforma al fuero militar en el que se da vía libre para que la justicia ordinaria y no la militar se haga cargo de delitos como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento, pero deja fuera las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Tras discusiones de más de siete horas, ocho debates en las dos Cámaras del Congreso y cuatro audiencias públicas , la reforma recibió 54 votos a favor y 5 en contra, tras lo cual el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, indicó que esa decisión es una clara muestra del respaldo del Congreso a las fuerzas de seguridad del Estado, al reiterar que este proyecto no busca la "impunidad".
El entusiasmo del Gobierno y de la gran mayoría de senadores contrasta, sin embargo, con las críticas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esas organizaciones consideran que el proyecto abre las puertas a la impunidad de lo correspondiente a delitos como los llamados "falsos positivos", que podrían quedar en manos de la justicia militar por tratarse de delitos cometidos durante el servicio.
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