Las denuncias del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía (alias Chupeta), sobre la posible vinculación de miembros de la fuerza pública con su organización dieron pie para que se inicien las primeras indagaciones a seis generales retirados; dos almirantes retirados (uno del Ecuador), el exfiscal general, Luis Camilo Osorio, y el excongresista Carlos Alonso Lucio.
La Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim) compulsó copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema para que se abra investigación preliminar contra Daniel Castilblanco, general (r) de la Policía; Gabriel Ramón Díaz, Jaime Calderón Valenzuela, Jorge Ardila Silva, Luis Felipe Paredes Cadena y Leonardo Gómez Vergara, generales (r) del Ejército.
La medida también cobija a Carlos Humberto Pineda Gallo, almirante de la Armada de Colombia; y Ernesto Arias Lara, almirante de la Armada de Ecuador.
La fiscal Zamora dijo que por el rango que ostentan los miembros de la fuerza pública, lo ideal sería que lo hiciera la unidad que ella dirige, aunque el tema lo resolverá el fiscal Eduardo Montealegre.
Rechazo de los involucrados
El contenido del diario de Chupeta, fue revelado hace un mes por la radio La F.M. El documento contiene una lista con los nombres de los presuntos colaboradores (militares, policías y exfuncionarios), y las sumas de dinero que él les habría pagado a cambio de su colaboración.
Jaime Granados, abogado de Osorio, calificó como “montaje” las afirmaciones de “Chupeta”, quien asegura en su diario que le entregó 160.000 dólares al exfiscal y consideró que la investigación obedece a una “venganza criminal” que desmoraliza a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
Granados advirtió que no ha sido notificado de una solicitud para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigue a Osorio y se mostró sorprendido por la decisión de “proceder penalmente en contra de ciudadanos de bien, sin haber siquiera agotado las gestiones preliminares de indagación que la ley manda” .
Recordó que fue Osorio quien en su calidad de fiscal firmó en 2004 la orden de extradición contra “Chupeta” y ordenó la ocupación de 58 bienes de su propiedad con fines de extinción de dominio.
Cuando se conoció la existencia del diario, el general Díaz, quien fuera comandante de la II Brigada del Ejército, dijo que siempre combatió el narcotráfico y denunció amenazas contra su vida, al parecer, provenientes de policías.
El procurador Alejandro Ordóñez también había anunciado una investigación de los militares que aparecían mencionados en el documento, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Explicó que “en la medida en que las conductas no estén prescritas nos corresponde investigar y tomar ello como una información para valorar de acuerdo a las circunstancias”.
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