Las personerías de los municipios colombianos de Herrán y Ragonvalia le reportaron a la Defensoría del Pueblo que en incidentes sucedidos el pasado fin de semana, militares venezolanos derribaron tres puentes hamaca que la comunidad había instalado por su propia cuenta para conectar la frontera con la localidad venezolana de Rafael Urdaneta.
El alcalde de Herrán, Hernando José Cely Mogollón, confirmó lo ocurrido, pero indicó que la situación será puesta en conocimiento de la Cancillería colombiana.
Con ese propósito presentará un detallado reporte a la Gobernación de Norte de Santander para que lo ponga en conocimiento del Ministerio de Relaciones.
La Defensoría del Pueblo, regional Norte de Santander, tuvo conocimiento de la denuncia instaurada por habitantes de Ragonvalia y Herrán, respecto a la destrucción de los tres puentes “comunitarios que servían, no solo como paso, sino que se constituían en el canal de acceso para servicios como la educación, la salud y el ejercicio de actividades comerciales en ambos territorios”, señala un informe del organismo.
El pasado sábado y domingo, los miembros del Ejército venezolano desmontaron las hamacas peatonales que la gente habilitó para conectarse con Venezuela desde las veredas La Colina, Providencia y Paso Antiguo, en Herrán, al igual que en el sector El Oasis, a orillas del río Táchira, de acuerdo con las denuncias.
En la información emitida por la Defensoría del Pueblo se indica que “militares del vecino país también habrían sobrepasado la frontera para hostigar a los pobladores, según la versión suministrada por uno de los afectados al comando de Policía en Ragonvalia, en la que se manifiesta que las puertas de varias viviendas fueron golpeadas por los uniformados”.
Se calcula que 17.985 personas que residen en los dos municipios colombianos anteriormente mencionados, y en la localidad Rafael Urdaneta del estado Táchira, resultaron afectadas por la operación contra esas conexiones fronterizas no legales.
El organismo encargado de velar por los derechos humanos describió los siguientes impactos en la zona:
-Cerca de medio centenar de estudiantes venezolanos se encuentran matriculados en instituciones colombianas, quedando impedidos para recibir sus clases habituales como consecuencia del colapso de estas estructuras. Incluso, nueve menores inscritos en los programas educativos, serían beneficiarios de la estrategia “De cero a siempre”, promovida por el Gobierno Nacional, en tanto que seis profesores colombianos estarían cursando su doctorado en la población de Rubio, al otro lado de la frontera.
-Dado que en lugares como la vereda Siberia, en Herrán, conviven familias víctimas del conflicto armado, particularmente del desplazamiento forzado, y ante la precariedad de las vías, los pobladores se ven obligados a buscar alternativas de subsistencia aprovechando los pasos comunitarios para acceder a la salud y al abastecimiento de alimentos, entre otras actividades con histórico arraigo en esa zona limítrofe, donde colombianos y venezolanos se benefician de la oferta de servicios.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores revisar las denuncias y adoptar las medidas que desde el punto de vista diplomático resulten pertinentes para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y evitar una crisis humanitaria en la frontera.
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