Con la inminente puesta en marcha del TLC con Estados Unidos vuelven a oírse las mismas voces que entrabaron y retrasaron la negociación.
Ahora, a sabiendas de que no hay nada que hacer y que ni el Gobierno ni el país pueden echar para atrás lo acordado, hay quienes vienen a rasgarse las vestiduras y a inculpar a otros por las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación del Tratado.
Es claro que ni el Gobierno Nacional, ni los gremios, ni las regiones y tampoco los productores se han preparado suficientemente, ni han puesto en acción tareas contundentes que le permitan al sector agropecuario enfrentar con confianza el TLC.
Infortunadamente, ha faltado la definición y la ejecución de una agenda de trabajo consensuada en la que se establezca un norte claro y se precisen las responsabilidades, los tiempos de ejecución y los recursos requeridos.
Un plan de trabajo de cara a enfrentar dicho Tratado debe establecer qué se va a hacer en los casos donde claramente el país o algunas regiones no tienen la capacidad de competir con sus pares estadounidenses. En estos casos se deberá definir cómo se va a compensar a los productores y a sus familias, al tiempo que deben concretarse programas de reconversión productiva para actividades más promisorias.
De igual manera, se requiere precisar las acciones que deben emprenderse para fortalecer aquellas actividades en las que se tiene capacidad competitiva potencial pero que, por diversas razones de tipo tecnológico o de otro orden, al momento se presentan problemas para enfrentar la competencia abierta con la producción del país del norte.
Finalmente, están aquellas actividades en las que Colombia tiene claras ventajas competitivas y que, por efectos de la política comercial, no han tenido la posibilidad de desarrollarse de manera adecuada.
Estas actividades son las que, en teoría, deberán generar una parte importante de los beneficios del TLC en materia agropecuaria.
De esta forma, cada uno de los actores tiene una tarea por realizar para conseguir que el sector agropecuario y la población rural enfrenten el TLC de manera exitosa.
El Gobierno Nacional debería poner en marcha un plan de choque que asegure la capacidad competitiva de la agricultura colombiana, al tiempo que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales. Los gremios deben impulsar las actividades y las iniciativas que fortalezcan las condiciones productivas, de gestión y las comerciales de las diferentes actividades agropecuarias y forestales y las de sus productores.
Por su parte, las regiones deberían liderar los procesos de reconversión productiva y social en sus territorios.
Para ello es necesario que convoquen al resto de actores, especialmente al Gobierno y a los gremios de la producción, para que con ellos se establezcan las agendas de trabajo y se definan los compromisos.
Los productores deben asumir un papel más activo y comprometido para asegurar que los demás actores creen un entorno adecuado, al tiempo que, adentro de sus unidades de producción, implementen nuevas prácticas y desarrollen las capacidades que los hagan más competitivos y eficientes.
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