El Gobierno anunció que emprendió una serie de estudios técnicos para, en un término de seis meses aproximadamente, presentar un proyecto de ley que establezca para Colombia la llamada "regla de prudencia fiscal".
Esta iniciativa -que hay que saludar desde ahora con entusiasmo- la justifica como una medida de prudencia para proteger la macroeconomía colombiana contra los efectos nocivos que pueden darse si los pronósticos sobre vertiginoso crecimiento del sector minero y de hidrocarburos para los años venideros se confirman. En efecto, se anuncia que para estos dos sectores podrían llegar flujos de recursos monetizables del orden de los 50.000 millones de dólares durante los próximos siete años.
Es decir: nos estamos consolidando con paso firme como un país minero y petrolero de importancia. Lo cual, desde luego, no es malo. Pero para hacer compatible ese crecimiento con la estabilidad del resto de los sectores de la economía, es necesario tomar desde ahora medidas precautelativas. Que es precisamente lo que anuncia el Gobierno.
El riesgo que se avizora es el conocido como la "enfermedad holandesa". Cuando Holanda comenzó a recibir grandes ingresos de divisas en los años 60 y 70 del siglo pasado, provenientes de sus yacimientos de hidrocarburos en el mar del norte, algo de suyo bueno se tornó en una maldición: el ingreso abrupto de divisas revaluó la moneda doméstica holandesa; los otros sectores económicos que no hacían parte del boom perdieron competitividad con la revaluación; se destruyeron empleos y otras exportaciones; y se atizó la inflación.
Hoy se tiene bien conocida la fórmula para que un país pueda compaginar el auge brusco de algún sector sin desquiciar al resto de la economía. Y esa fórmula se reduce a algo simple pero muy exigente: que el Gobierno ahorre parte de los ingresos extraordinarios obtenidos en las épocas de vacas gordas. Para que esa alcancía sirva para estabilizar el ciclo económico cuando lleguen las épocas de vacas flacas.
Chile y Noruega han hecho experiencias importantes en este campo. El Gobierno austral, por ejemplo, se ha dado una regla de austeridad fiscal denominada "meta de superávit estructural", en virtud de la cual se ha comprometido a mantener anualmente, sin gastar, hasta el 1% del PIB.
El fondo que con este superávit (en gran parte generado por excedentes de las exportaciones de cobre y de molibdeno) le permitió acumular alrededor de 25.000 millones de dólares. A través de este fondo, Chile ha logrado financiar una exitosa política de gasto público anticíclico durante la recesión del último año. Y Noruega, igualmente, se ha dotado de un fondo donde ahorra una buena parte de sus excedentes petroleros, que al finalizar 2008 acumulaba la admirable suma de 400.000 millones.
Está, pues, muy bien que en Colombia estemos pensando en crear algo similar. La Ley 819 de 2003, con la obligación de generar anualmente un "superávit primario" en los presupuestos públicos, ya sienta unas bases para ello. Pero, por supuesto, puede complementarse con una regla fiscal más refinada que ordene ahorrar obligatoriamente en épocas buenas para tener al alcance de la mano una alcancía para los malos tiempos.
Pero para lograr todo esto el Gobierno debe que tener en claro dos premisas fundamentales: primera, que ahorrar más para el futuro significa gastar menos en el presente. Y segunda, que no puede volver a repetir la disparatada decisión que tomó hace dos años cuando -en el peor de los momentos- resolvió liquidar el Faep (Fondo de Estabilización Petrolera), que era precisamente para eso: para no gastarse atropelladamente todos los ingresos petroleros.
Con parte de los cuales habrá que nutrir el fondo que ahora se piensa crear de nuevo.
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