Hace 30 años, el Alto Baudó era un remanso de paz. Así lo describieron los científicos de la Universidad Nacional que en esa época recorrieron libremente el valle del río desde San Francisco de Cugucho, en la parte alta, hasta Pizarro, en la desembocadura en el Pacífico.
Los investigadores quedaron perplejos ante la forma en que la gente negra e indígena de esta región, situada en el corazón del Chocó, resolvía sus conflictos territoriales, sociales y políticos por medio del diálogo, mientras el resto de Colombia estaba en guerra. Sus experiencias fueron aprovechadas por el Gobierno para expedir la Ley 70 de 1993 que consagra los derechos de las comunidades negras e indígenas sobre sus territorios ancestrales aprobados en la Constitución de 1991.
Hoy el Alto Baudó es el escenario de una guerra despiadada entre la banda criminal Los Urabeños y el Ejército de Liberación Nacional. Los dos grupos se disputan el dominio de este río que comunica el valle del Atrato con el océano Pacífico. La guerra ha dejado sin tierra y sin techo a por lo menos 2.700 indígenas pertenecientes al pueblo Embera y a cientos de afrodescendientes que habitan los caseríos a lo largo del río.
También ha provocado el confinamiento forzado de los pobladores del caserío de Chachajo por parte de unos 200 hombres armados de Los Urabeños. Estos llegaron por el río en embarcaciones motorizadas después de sostener varios combates con los guerrilleros. Allí han tratado de ponerse a salvo utilizando a la población civil como escudo y sometiéndola a tratos inhumanos. Los paramilitares no permiten la salida de los civiles del poblado y decomisaron todos los teléfonos celulares para impedirles comunicarse con sus familiares o pedir auxilio al Ejército Nacional.
Este no es el primero ni el último episodio de la guerra que convirtió en un infierno el remanso de paz del Alto Baudó. Desde 1994, un año después de la promulgación de la nueva Ley de tierras, un grupo disidente del Ejército Popular de Liberación irrumpió en la región con uniformes, armas y formas de mando y extorsión hasta entonces desconocidas por sus pobladores. Un año más tarde, el conflicto armado provocó la muerte de uno de los dirigentes del Consejo Comunitario y los primeros desplazamientos forzados.
Ante la ausencia del Estado, algunos políticos optaron por pedirle ayuda al frente guerrillero Benkos Beijó, que luchaba por defender los derechos de los grupos raciales minoritarios. "Infortunadamente, la victoria de esa guerrilla sobre el EPL dejó la falsa esperanza de que era posible apagar incendios con gasolina" dicen los dirigentes del Consejo Comunitario. Luego, otros políticos invitaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas y luego a los paramilitares de Carlos Castaño a ser árbitros de los conflictos por las tierras, cuyo valor comenzaba a crecer con los primeros cultivos de coca.
Desde ese momento, la historia del Alto Baudó es la misma de tantas otras regiones apartadas de Colombia consumidas por la guerra: con la coca llegaron las fumigaciones de glifosato que caían sobre los ríos, las plataneras y los yucales. Luego llegaron las bandas criminales. Los Rastrojos se apoderaron de los valles del sur cercanos al Pacífico. Después llegaron los guerrilleros del ELN y se apoderaron del norte. A partir de 2013, llegaron Los Urabeños con sus Autodefensas Gaitanistas. Estas derrotaron a Los Rastrojos en el sur y ahora tratan de arrinconar a los guerrilleros del ELN en el norte.
En medio de todos ellos, desamparada y olvidada, está la población civil. ¿Cuántos muertos más serán necesarios para que el Estado colombiano acuda en su ayuda?
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