La imagen de la niña que hace oficios domésticos en una casa mientras recibe el maltrato de quienes prometieron a sus padres brindarle un mejor futuro y tratarla como una hija, no es un cuento de hadas. Esa la realidad que tuvo que vivir durante 12 años una mujer cuyos derechos fueron amparados por la Corte Constitucional.
La semana pasada el tribunal dio respuesta a la tutela instaurada por la mujer (quien por razones legales se conoce como Amalia). Ella relató que en 1963, cuando tenía unos siete años, fue separada de su familia por Vitaliano Sánchez Castañeda, quien en ese entonces se desempeñaba como alcalde militar de Anzoátegui, en Tolima. Desde ese momento y durante unos doce años, fue objeto de explotación, abuso sexual por parte de Sánchez Castañeda y maltrato físico por parte de su esposa, Eunice Beltrán.
Además, fue entregada en calidad de "esclava" a su suegra, María Odila Franco, quien vivía en Bogotá, y que la explotaba, la maltrataba y la "prestaba" a sus familiares para que también les sirviera.
Aunque la joven logró huir con la ayuda de un conductor de la Armada Nacional y la hija de un oficial, intentó en vano que la familia que la raptó y sometió durante tanto tiempo le dijera quiénes eran sus padres. Por eso en 2011 recurrió a una tutela.
Derechos vulnerados
La Corte Constitucional no solo ordenó a la familia Sánchez Beltrán indemnizar a Amalia sino que le exige al Ministerio del Interior, acompañarla en el proceso de restauración de sus derechos y realizar campañas dirigidas a erradicar definitivamente "prácticas como las que dieron lugar a la presente decisión, con énfasis en las áreas rurales del país".
Lo grave es que el caso no es único. El Informe mundial sobre la trata de personas 2012 presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), señala que entre 2007 y 2010 el 27 por ciento de las víctimas fueron niños. 107 casos se registraron en Colombia.
Yury Fedotov, director Ejecutivo de Unodc, advirtió en el informe, que existen "lagunas" que permitan conocer con certeza la magnitud de este delito, así como identificar a sus víctimas y brindarles una asesoría adecuada.
El Ministerio del Trabajo adelanta una campaña para abolir el trabajo infantil pues según el reporte de 2012 de los 11.288.464 menores de entre 5 y 17 años que había en el país 1, 1.742.612 trabajaban. Lo más grave, según el reporte es que algunos de ellos lo hacían e sus propias casas, en condiciones riesgosas y sin remuneración.
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