Todos los sucesos trágicos de su vida, Fernando* los recuerda con fechas y señales. Una sucesión de persecuciones de grupos armados que tuvo su broche el 25 de octubre de 2010 a las 6:30 p.m.
Dos días antes, el Ministerio del Interior le aceptó la solicitud de seguridad que pidió el líder de la restitución de tierras en Urabá, intimidado desde el 2007 por las bacrim. El 23 de octubre recibió una camioneta sin escoltas ni conductor.
Una noche antes de que llegara el vehículo, dos hombres quisieron asesinarlo. "Me intentaron disparar tres veces. El arma no sirvió y yo corrí".
El 25 de octubre, en Apartadó, al salir de una reunión con la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), cuando iba en la camioneta conducida por otro líder de la restitución, dos motos se acercaron al vehículo y abrieron fuego.
Recibió tres disparos. Uno le atravesó la boca, lo dejó sin muelas y le partió la lengua, por eso se le dificultan ciertas palabras. No lo callaron. Quince días después le llegó un escolta que lo halló en estado de coma en una clínica de Medellín.
Así empezó todo
Las manos de Fernando que se mueven conforme va hablando son las de un campesino de Urabá, donde trabajó con banano, plátano y ganado.
Recuerda que el 22 de noviembre de 1994 en la vereda La Comarca, corregimiento Pueblo Nuevo, Necoclí, los paramilitares mataron a 16 personas, entre ellos un tío. Le tocó huir, porque "el vínculo con una persona me llevó a ser amenazado y era inocente". Tenía 20 años. Dos años después, el 18 de noviembre de 1996, "me mataron un hermano". Harto de las injusticias, decidió trabajar por la población desplazada, sin resultados. En 2007 se unió a Asovirestibi.
Ese año empezaron a visitar las fincas de las que "estaban adueñados algunos paramilitares". Recuperaron algunas. "Hasta hoy van 4.000 hectáreas por la vía de hecho".
El 5 de enero de 2009, después de una reunión en Nueva Colonia, Turbo, lo bajaron de un chiverito tres hombres, "uno armado, y los que estaban ahí sabían que eran paras". Le pasaron un celular. "Era 'Giovanni'. Me dijo que no volviera porque no quería más sangre en esa tierra". Con las palabras del exjefe de "los Urabeños", Fernando buscó el anonimato. En 2010 lo amenazaron cuatro veces los mismos hombres.
Con estos antecedentes, el Ministerio del Interior le hizo cuatro estudios de riesgo, cuyo resultado fue ordinario. Tuvo que salir de Urabá hacia Medellín y cuando volvió a Apartadó, casi lo asesinan todo por una solicitud que, dice, no fue oída.
El panorama
Cerca de 120 líderes están amenazados y no tienen seguridad, dice Guillermo Rivera, representante liberal a la Cámara, "lo que merece la mirada del Estado porque así se pone en jaque la restitución". Rivera propuso a servidores públicos que tienen dos o más escoltas que aporten uno a la protección de líderes, pero no tuvo eco.
Para Fernando los esquemas de seguridad no son adecuados y cuenta que en los Montes de María a un líder se le averió la camioneta otorgada por el Estado y la tiene parada. En Córdoba, cinco líderes amenazados -dice Fernando- recibieron dos escoltas y una camioneta. Al contarlo alza las manos diciendo: ¡pero por Dios!
Peticiones y amenazas
Ricardo Sabogal, director de Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, dice que de 400.000 familias que solicitaron reparación, hay 10.592 reclamaciones por 821 mil hectáreas, la mayoría en Antioquia, Tolima, Cesar, Putumayo, Meta, Nariño y Norte de Santander.
El Gobierno reporta 17 líderes campesinos asesinados. El último fue Manuel Ruiz, quien hizo tres peticiones de protección al Estado. No fue escuchado estando en una zona donde el conflicto no para: Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó.
Andrés Villamizar , director de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, dijo que se han adoptado medidas duras de protección para los líderes, entre ellas las de servicio de escolta, chaleco blindado y celulares. "Tenemos más de 75 líderes o participantes de proceso de restitución con este esquema a nivel nacional", afirmó.
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dice que esa cifra corresponde solo al gobierno Santos: "Desde 2005 son 55 los asesinados". Para Fernando son 57.
Romero cree que la suma es muy alta para un gobierno cuya prioridad son las víctimas, además "atenderlas mientras seguimos en conflicto es un reto, por lo que todo tendrá, en ciertas zonas, un carácter formal. Podrán reclamar la restitución, pero no volverán a sus tierras".
Mientras tanto, Fernando tiene evidencias de unas quejas desoídas. De su camiseta sobresale el chaleco antibalas y en su cuerpo están las cicatrices de las 17 operaciones que le han practicado desde la noche del 25 de octubre de 2010, cuando tres tiros lo atravesaron por ser un líder de la restitución de tierras.
*Nombre cambiado
Pico y Placa Medellín
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