Poco ha pasado desde que el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, denunció, el 13 de mayo pasado, las amenazas contra funcionarios suyos.
La primera, firmada en un panfleto por el Bloque Norte de las Águilas Negras, se conoció en Cesar, La Guajira y Magdalena contra la Defensoría, Acción Social y la Personería. La segunda circuló en algunos barrios del sur de Bogotá, firmada por el Bloque Metropolitano de las Águilas Negras y dirigida a los funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría.
Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, y el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se apersonaron del tema, hasta ahora sólo se han recibido algunas declaraciones.
Entre tanto, se estudia un esquema de seguridad que no implique la asignación de escoltas, pues limitaría el trabajo de los funcionarios.
Jorge Enrique Calero Chacón, director del SAT, dijo que "el Comité de evaluación y valoración de riesgos está diseñando medidas de protección eficaces para proteger a los funcionarios de la Defensoría, en particular para los del Sistema de Alertas Tempranas".
Piedra en el zapato
Desde su conformación, en marzo de 2001, el SAT no ha dejado de recibir intimidaciones. Hasta ahora ha declarado 71 situaciones de riesgo en 145 municipios de 29 departamentos del país, que a muchos no les ha caído bien.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), además de rechazar las amenazas, dijo en una reunión interinstitucional que le preocupaba el rechazo en algunas regiones a los informes de la Defensoría. Ello podría mellar la seguridad de los encargados de sugerir las alertas.
En Bogotá, por ejemplo, la Defensoría encontró razones para declarar la alerta temprana en Soacha, Ciudad Bolívar y Bosa. La Alcaldía se opuso y meses más tarde se conocieron los homicidios de jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate.
Hace dos semanas se entregó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas el primer informe de riesgo para la zona urbana y rural de Quibdó. Sin embargo, la declaratoria de alerta no se dio por oposición del DAS, Acción Social y el Ministerio de Defensa.
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