El Congreso tiene en la llamada Ley de Víctimas una nueva oportunidad de reivindicar su imagen. La iniciativa, surgida dentro del partido Liberal y apoyada por los demás partidos políticos, beneficiaría y protegería a cerca de tres millones de personas.
Pero el proyecto incluye un elemento que podrá levantar ampollas y es la inclusión de un artículo que obliga a los integrantes de los nueve grupos guerrilleros que se desmovilizaron en los 80 y los 90 a reparar a sus víctimas, aunque sea en forma simbólica.
Esta proposición fue impulsada por el senador por Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, quien además tiene la condición de ser víctima de la oleada de la violencia denominada "narcoterrorista".
Su padre, Rodrigo Lara Bonilla, quien se desempeñaba como ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur, murió en un atentado en 1984. El crimen fue atribuido por las autoridades a sicarios de Pablo Escobar.
Según Lara Restrepo, si su propuesta es aprobada en la Cámara de Representantes el próximo semestre, "no pone en duda los acuerdos de paz suscritos, ni busca reabrir procesos judiciales culminados" sino que pretende que las acciones de estos grupos y sus víctimas "no queden en el olvido y sin resarcimiento".
La verdad histórica
El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, y ex guerrillero del M-19 fue un aliado fundamental, pues ante la solicitud de archivar la iniciativa hasta el tercer debate, exigió incluirla en el articulado del proyecto.
Petro, al defender la propuesta de Lara, consideró importante exigir un resarcimiento a las víctimas por parte de quienes en el pasado levantaron las armas.
Sin embargo, cree que la propuesta deber ser más amplia y que se permita el esclarecimiento "de hechos que permitan fortalecer la verdad histórica en la guerra que abordó el Estado contra los desmovilizados. Debe haber un reconocimiento de las víctimas de los grupos que dejaron las armas y el reconocimiento de las víctimas que el Estado provocó".
El senador Liberal, Juan Fernando Cristo, autor del proyecto de reparación a las víctimas, cree que la propuesta implica que quienes se beneficiaron de los acuerdos de paz y participaron en hechos que el país no conoció en su totalidad, "pidan perdón" a sus víctimas.
Por parte del Gobierno la propuesta no tendría objeciones puesto que el presidente Álvaro Uribe, en agitados pronunciamientos ha cuestionado a quienes critican el proceso con las Auc y que en el pasado se beneficiaron de acuerdos de paz en los que "no hubo ni verdad ni justicia ni reparación".
Entre sus blancos están, el propio Gustavo Petro y el investigador y politólogo León Valencia, uno de los principales investigadores de la llamada parapolítica y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista (Crs).
Reparación simbólica
Pero, ¿qué exigiría la reparación de los amnistiados? Quienes dejaron las armas y se beneficiaron de los acuerdos de paz, estarían obligados a hacer un reconocimiento público a las víctimas a través de publicaciones, homenajes y actos conmemorativos; entregar condecoraciones; construir monumentos en perspectiva de reconciliación; difundir de forma completa el relato de las víctimas; y colaborar con la búsqueda e identificación de cadáveres.
El Ministerio del Interior tendría un máximo de cuatro meses para hacer un informe de los miembros de dichas organizaciones que obtuvieron beneficios penales por parte del Estado, así como de los hechos delictivos frente a los cuales todavía existen registros .
Con esta información, en un máximo de doce meses, el Gobierno, con el concepto de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), deberá imponer las medidas que considere necesarias para que las personas relacionadas en el informe procedan, de forma individual o colectiva a realizar las compensaciones.
Quienes hayan pertenecido a las mencionadas organizaciones ilegales, podrán acudir directamente al Ministerio del Interior, en el término máximo de tres meses, para poner de presente su intención de enaltecer a las víctimas. El Gobierno deberá facilitar estas acciones.
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