La presencia activa de guerrillas y bandas criminales mantienen a Antioquia como una de las regiones más azotadas por la violencia y el conflicto armado, por las masacres, asesinatos de líderes de desplazados, amenazas contra defensores de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en 2011.
Así lo denunció ayer en Medellín la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, durante la presentación del informe anual sobre esta situación en el país, con algunos casos particulares ocurridos en el territorio antioqueño.
Juan Carlos Monge , representante adjunto, advirtió que al organismo multinacional le preocupa el aumento de la violencia en la región que se evidencia "con las 15 masacres contra población civil en Antioquia durante 2011, varias de ellas cometidas en Medellín, del total de 32 asesinatos múltiples ocurridos en todo el país".
Entre las masacres atribuidas a bandas criminales y guerrilla están la cometida en Sopetrán, donde fueron plagiadas 10 personas de una finca, quienes aparecieron muertas un mes después. Otras fueron los asesinatos de seis personas en octubre en Cáceres y la desaparición y posterior asesinato de 10 más en Caucasia, en marzo.
Al destacar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Monge señaló que los líderes de desplazados requieren mayor protección de las autoridades para evitar asesinatos como los perpetrados el año anterior contra líderes de desplazados del Urabá antioqueño como David Góez , asesinado en Medellín.
Además, recomendó a la Fiscalía crear una unidad investigativa que judicialice a los responsables de estos asesinatos y de las amenazas contra los reclamantes de tierras, así como centralizar los casos para evitar intimidaciones a las autoridades locales. Otro tema que generó preocupación en la oficina de la ONU son las amenazas contra defensores de derechos humanos.
Jaime Fajardo Landaeta , exasesor de paz de la Alcaldía de Medellín, reconoció la importancia de estos diagnósticos, pero pidió "más compromiso de la ONU para exigirle a los grupos ilegales respeto por la población civil" y, en el caso de la guerrilla, "voluntad para negociar el fin del conflicto".
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