En el marco de la presentación del Informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el pleno del Consejo de Seguridad, diferentes países cuestionaron al gobierno de Gustavo Petro por los desaciertos que han impedido que se logre la paz.
La delegada de los Estados Unidos cuestionó duramente a la actual administración, al señalar que el liderazgo político “flaquea” en algunos aspectos y su lentitud para aplicar las políticas de estado ponen en detrimento a la paz y dejan en riesgo a los colombianos.
La delegada condenó el atentado contra el senador Miguel Uribe y recordó la crisis en el Catatumbo, como ejemplos donde se demuestra como la escalada de la violencia sigue siendo creciente y preocupante frente a las pocas acciones del Ejecutivo.
“Lamentamos que en lugar de reducir la violencia, el gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples, lo que ha generado incentivos para que estos grupos redoblen sus ataques e intentando mejorar su postura de negociación”, puntualizó la representante estadounidense.
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También cuestionó la falta de coordinación del Gobierno con las comunidades afectadas por los conflictos, puesto que “socava totalmente el proceso de paz”.
Agregó que los progresos limitados que se han hecho contra grupos criminales y las “políticas lentas” del Gobierno, han dejado graves consecuencias para el país y reducido los pocos éxitos que hasta ahora se habían alcanzado.
“El fracaso de algunas partes del Gobierno colombiano de actuar ponen en peligro a los colombianos y corre el riesgo de llevar al país a un mayor conflicto así. La paz total todavía debe dar resultados tangibles”, dijo la delgada.
Sostuvo que existe un riesgo en la posición del presidente de “politizar el proceso de paz y proteger a los criminales”, lo cual “socava toda perspectiva de una paz duradera” y no pone en prioridad de qué las víctimas merecen que se garantice justicia si se quiere aspirar a la paz y la seguridad en Colombia.
Por su parte, el delegado de Rusia hizo un llamado al compromiso de Colombia frente al cumplimiento del acuerdo de paz, señalando vacíos de seguridad y una presencia limitada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
Cuestionó al Ejecutivo y su política de paz, al sostener que “las áreas de influencia de los grupos armados criminales están ampliándose y los participantes en el diálogo cada vez se transforman en traficantes de drogas que se ven arrastrados a batallas brutales internas entre los mercados y productores de cocaína”.
Insistió en que en el último año que queda “pueda cosechar avances tangibles durante este tiempo en aspectos clave del acuerdo”, ya que el panorama actual en el país es preocupante con la exacerbación de la violencia que genera riesgos para la población vulnerable, afrocolombianos, pueblos indígenas y actores sociales y políticos.
El delegado de Francia envió un mensaje de apoyo a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, para que continúe en su impulso a estos acuerdos, al tiempo que hizo un llamado a que se redoblen esfuerzos para la etapa electoral que se viene en el país.
También pidió al Gobierno que refuerce la cooperación interinstitucional y trabajar en distintos problemas que aún tiene el país, como la protección de excombatientes y de comunidades indígenas, la lucha contra el reclutamiento infantil, la violencia sexual por parte de los grupos armados y el incumplimiento de la reforma rural.
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La delegación del Reino Unido hizo un llamado a la JEP, instando a que “los colombianos tienen que ver la justicia restaurativa. Por eso alentamos a la Jurisdicción a mantener el ritmo de emisión de sentencias y al Gobierno a garantizar que avanzan las acciones complementarias para mantener la confianza de las víctimas”.
También cuestionó al Gobierno por las pocas acciones para proteger a los líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz y lo instó a “priorizar la implementación del acuerdo y a financiarlo de manera adecuada.
Otros delegados como de Corea, Dinamarca, Grecia, Panamá y China le pidieron al país adelantar acciones concretas luego de siete años de que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana.
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