La Fiscalía General de Colombia aplazó para una fecha indeterminada la audiencia en la que el expresidente Álvaro Uribe iba a declarar como testigo en el proceso preliminar que dr sigue contra Bernardo Moreno y que estaba prevista para este jueves.
Según una resolución divulgada por la Fiscalía en su página de internet, el nuevo vicefiscal general, Wilson Alejandro Martínez, pospuso la diligencia porque "observó la necesidad de estudiar con detenimiento el expediente que da cuenta de la investigación, antes de proceder a la práctica de esa prueba".
Martínez fue nombrado este martes, después de que la fiscal general, Viviane Morales, aceptara la renuncia protocolaria de su antecesor, Juan Carlos Forero, quien convocó a Uribe el pasado lunes.
Cuando el nuevo vicefiscal general elabore el estudio correspondiente, "procederá a fijar nueva fecha y hora para la recepción de este testimonio", según la notificación.
Uribe quiere hablar
La cita de la Fiscalía al exmandatario responde a una solicitud que éste formuló a través de una carta para ser escuchado "en diligencia de declaración bajo juramento" y así aclarar un episodio de presunta presión a funcionarios para su reelección en 2006.
El ente acusador investiga si Moreno acosó al exdirector de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) Guido Echeverry para que nombrara a personas de la confianza de un congresista que había ayudado en 2004 a favorecer la enmienda constitucional que llevó a Uribe de nuevo a la Presidencia de Colombia en 2006.
En la misiva, Uribe indicaba que su intención es aclarar que fue decisión suya renovar la cúpula de la Esap porque así lo requería su "programa de Gobierno (2002-2010)" y, en esa gestión, su exsecretario no tuvo influencia.
Echeverry declaró en 2009 ante la Fiscalía que Moreno le había comentado "que se necesitaba hacer ese nombramiento" porque el malestar de "algún parlamentario" podía poner "en riesgo la mayoría del Congreso en temas importantes".
El exdirector de la Esap se negó a hacer esos nombramientos, por lo que supuestamente Moreno le habría pedido al entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, que le pidiera la renuncia, lo que sucedió en 2004.
La Fiscalía investiga la posible vinculación de Moreno en estos hechos y su supuesta responsabilidad en los delitos de concusión (cobro de comisiones ilegales) y tráfico de influencias.
Moreno se encuentra en prisión desde que en julio pasado una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que, estando en libertad, podría obstruir la investigación que se sigue también por su presunta participación en un escándalo de escuchas y seguimientos ilegales contra magistrados, opositores y periodistas.
