La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria que se adelantaba en contra de la secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Olarte, por el llamado ‘Carrusel de Pensiones’.
La determinación tomada por la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, señala que no es posible hacer “un reproche disciplinario” a Olarte toda vez que no era de sus funciones designar a los magistrados auxiliares que llegaban a esos cargos por cortos periodos de tiempo para poder pensionarse con millonarias sumas.
“No era de su resorte decidir y efectuar los nombramientos de los Magistrados de la Sala Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Cabe agregar, frente a este aspecto, y específicamente en relación con la competencia para esas designaciones está atribuida a los señores magistrados del Consejo Superior”, señala la decisión.
El auto de archivo de 61 páginas indica que no hay elementos probatorios que permitan indicar que Olarte y el escribiente Alberto Barrera Henao, quien también era investigado, hayan tenido algo que ver en la designación en encargo de una magistrada auxiliar en el Tolima.
“Con fundamento en los esbozado, se puede afirmar que las pruebas acopiadas en la actuación, valoradas en conjunto de manera razonada y objetiva, no evidencias la configuración de conductas susceptibles de reproche disciplinario respecto de los investigados”, dice el auto.
Ahora bien, el documento de la viceprocuradora Castañeda afirma que las pruebas recolectadas a lo largo de este proceso permiten afirmar que Olarte incurriera en “conductas con relevancia penal”.
Cabe señalar que Olarte está siendo investigada penalmente por estos hechos por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público.
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