La Fiscalía elevó el crimen a delito de lesa humanidad el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) Bernardo Jaramillo Ossa, justo cuando estaba a punto de prescribir el caso.
La finalidad de esta medida, además de frenar su prescripción, es evitar la impunidad del hecho y continuar con la práctica de pruebas hasta agotarlas.
La decisión la tomó un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH que determinó que la conducta de homicidio de la que fue víctima el 22 de marzo de 1990 Jaramillo Ossa, hizo parte de un ataque generalizado y sistematizado contra una población definida.
Justamente, la petición de elevarlo a crimen de lesa humanidad estuvo impulsada por el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes, quien reactivó el caso de muchos de los magnicidios ocurridos hace 20 años, con la práctica de nuevas pruebas.
Los nuevos testimonios y documentos recaudados dentro de este proceso, fueron un elemento esencial para que el ministerio Público acopiara la teoría de crimen de lesa humanidad, por ser un ataque sistemático y generalizado contra la UP.
Esta misma teoría la aplicó el fiscal instructor, al considerar que "el caso de dirigente reúne los requisitos de un crimen de lesa humanidad, por cuanto hubo un ataque generalizado, ejecutado con conocimiento, y sistemático en contra de un grupo político, cuyos miembros integraban la población civil".
Asimismo, la acción fue generalizada porque fueron múltiples las personas muertas que hacían parte de la UP; y sistemática, porque fue un plan diseñado y desarrollado por los carteles de la droga y los grupos armados ilegales.
