Doce años y medio después se repite la misma historia ocurrida en el centro de Medellín, cuando unos 300 de habitantes de calle fueron desalojados de las cuevas de Barrio Triste.
Este año, en dos intervenciones a ollas de vicio han sido desalojadas unas 500 personas, un caso en el sector de Barbacoas y el más reciente en El Raudal, con el mismo efecto de Barrio Triste: los ciudadanos han quedado a la intemperie y ocupan el espacio público en Bolívar y en la avenida De Greiff.
Otra vez, como lo expresa el vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, Carlos Arcila, sin un acompañamiento integral por parte de las autoridades municipales.
"Nuestra preocupación es que se haga una intervención solo represiva para desalojar a unos habitantes de calle, y no les brinden garantías como seres humanos para que puedan resocializarse" expresa Arcila.
Agrega que incluso ha habido persecución, maltrato y violación de derechos fundamentales. "Creemos que la Ley debe operar y perseguir el delito, pero con garantías, porque además aquí hay gente que no tiene ningún vínculo judicial".
En ese mismo orden de ideas el concejal de Medellín Luis Bernardo Vélez, hizo un llamado a la Personería de Medellín, para que sea garante en la defensa de los derechos humanos de esta población y a crear una política pública de habitantes de calle. "Es grave la situación en la ciudad, son personas enfermas física y mentalmente, que requieren una intervención eficaz".
El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, afirma que se ha venido haciendo el acompañamiento permanente y sensibilizando a estos ciudadanos para que utilicen los albergues y los programas de atención que brinda la Alcaldía. "Ese uso tiene que ser voluntario" anotó.
Frente a maltratos y agresiones, Ardila asegura que su despacho no ha recibido denuncia alguna.
Jorge Eladio, un comerciante del sector comentó que esta situación viene de hace muchos años, aunque ahora con el desalojo se ha visibilizado más, "pero no atracan ni piden plata y mientras se siga expendiendo droga ellos no se van a ir del sector".
El comandante de la Policía Metropolitana, general José Ángel Mendoza, informó que ya están haciendo seguimiento a una persona responsable de la venta de drogas.
Sobre el ofrecimiento de garantías, Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad, afirma que la Alcaldía llevará a esta población a lo que denominarán Centros de Protección a la Vida: "Son vidas en peligro, están tirados en la acera o en la vía y bajo el efecto de sustancias sicoactivas o de licor. Generan indisciplinas y contravenciones. Estamos perfeccionando la estrategia".
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