Bolivia presentó este miércoles ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Chile en la que pide una salida soberana al océano Pacífico, según confirmaron fuentes diplomáticas.
Tras la presentación de esos documentos ante la CIJ, la delegación boliviana celebrará una conferencia de prensa en la sede de la embajada boliviana en La Haya, recordaron las fuentes.
La delegación está encabezada por Eduardo Rodríguez, designado embajador extraordinario y agente del Estado boliviano para representar al país ante el tribunal de La Haya, y en ella también figuran los ministros de Exteriores, David Choquehuanca, y de Defensa, Rubén Saavedra, así como el jefe de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, entre otros.
Las fuentes declinaron dar más precisiones sobre el contenido de la demanda y pidieron esperar hasta la convocatoria de prensa, en la que la delegación dará sus explicaciones.
La Paz busca que la Corte de La Haya reconozca el derecho del país a una salida al mar, perdida en la Guerra del Pacífico contra Chile, a fines del siglo XIX.
En aquella contienda (1879-1883), Bolivia perdió los 400 kilómetros de su litoral en el Pacífico y 120.000 km2 de territorio.
Desde entonces reclama una salida soberana al océano que Santiago rechaza, ateniéndose al Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmaron en 1904, que definió los límites fronterizos bilaterales.
El Gobierno chileno, por su parte, considera que las reclamaciones de Bolivia carecen de fundamento histórico y jurídico y que su país se defenderá con toda la fuerza ante la demanda que el país vecino planteará con ese objetivo.
De acuerdo con los Estatutos de la CIJ, Bolivia tendrá que definir en su demanda el conflicto que le enfrenta a Chile, señalando los intentos previos de solución del diferendo.
La Paz también deberá de especificar el carácter preciso de la reivindicación, exponer detalladamente los hechos y la base jurídica en la que sostener el caso.
Tras recibir la demanda, la CIJ la trasmitirá a Chile así como a todos los Estados autorizados para comparecer ante la Corte, anotando el caso en la Lista General del alto tribunal.
Después de ese proceso y la aceptación de las partes, la CIJ asignará los plazos de presentación de los documentos escritos, que serán confidenciales hasta la apertura de las audiencias orales.
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