Desde que empezaron las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, el procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que le inquieta la impunidad a la que se pueda llegar con el Marco Jurídico para la Paz.
Sobre esto son famosas sus confrontaciones con el fiscal Eduardo Montealegre, que, dice, ya no quiere repetir. Pero esa preocupación no termina, por lo que promoverá para los últimos días de este mes un foro para analizar los acuerdos a los que han llegado las partes y que hicieron públicos el pasado 24 de septiembre.
¿Ya analizó los borradores de los acuerdos revelados por el Gobierno y las Farc?
"Los borradores de los acuerdos son más importantes por lo que no dicen, que por lo que dicen. Lo que no dicen son los temas álgidos, los sensibles. Esta semana, por ejemplo, María Isabel Rueda decía en su columna que en estos tres puntos que se han evacuado hay cerca de 30 salvedades que serán objeto de nuevas rondas.
Está por terminar el tema de las víctimas y el de justicia, frente a este último hay que creerles a las Farc cuando dicen, por ejemplo, que el marco jurídico no los ata, es decir, que los mecanismos internacionales no los vinculan en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Ellos han dicho, y hay que creerles, que no pagarán un solo día de cárcel, y esos son los temas álgidos que no se mencionan en los borradores. En cuanto a la terminación del conflicto, está también el punto de la entrega de armas, pero lo que dicen las Farc es que no las entregarán, sino que las dejarán expectantes a ver si se cumplen o no los acuerdos. Estos borradores no se deben ni invalidar ni deslegitimar per se, sino que se deben aprovechar para discutir sus contenidos".
Y por todo eso que dice se ha generado polémica...
"Sí, porque no se han estudiado. La Procuraduría cree que es necesario un debate nacional acerca de los contenidos, porque hasta ahora las críticas, en favor o en contra, han sido emocionales, poco racionales. Entonces, es menester fomentar un debate nacional sobre esos contenidos, y nadie lo está haciendo, pero la Procuraduría los va a promover. Esa es una forma de hacer advertencias, de decir qué es lo bueno, lo malo y lo feo; de señalar riesgos o aciertos, si los hay, para así de alguna manera influir, porque recuerde que son borradores y los borradores se borran o se pasan a limpio. Eso será para finales de octubre y tendríamos voces de todos los lados, donde participen expertos y víctimas. Por ejemplo, en lo que yo domino o conozco, hay un tema en el punto cuarto donde están vinculando el narcotráfico de las Farc con el delito de rebelión, ¿qué implica eso? Pues que la rebelión es un delito político y por conexión, el narcotráfico lo sería; es decir, sería también amnistiable e indultable. Así las cosas, quedaría legalizado el narcotráfico, siempre y cuando lo haya practicado las Farc. Por un lado estarían amnistiados y por el otro protegidos de la extradición. Eso hay que estudiarlo. Nada se dice tampoco de los activos obtenidos con esa actividad criminal, sería en ese sentido un gigantesco lavado de activos. Ellos sin embargo sostienen que eso es un instrumento para la rebelión".
¿Con estos acuerdos se favorecería a la farcpolítica?
"Por supuesto que se va a favorecer la farcpolítica. En eso el Estado colombiano es deficitario, porque solo ha llorado por un ojo. Es delito que un político se haya sentado a hablar con paramilitares en una zona donde el Estado no ejercía sus funciones, no protegía la vida, la honra, los bienes, y son condenados por concierto para delinquir, por parapolíticos; y otros políticos que concertan con las Farc, que se han sentado con las Farc, resulta que no van a ser investigados por iguales conductas que constituyen iguales delitos y similares conciertos".
Hay un punto que habla de la creación de un fondo de tierras, ¿qué piensa de ello?
"Hay que analizar, y para eso queremos oír a los expertos en este tema, porque eso que usted refiere es indudable que será aplicable no solamente a tierras situadas en zonas de conflicto, sino a cualquiera, y que tanto la seguridad jurídica referida al derecho a la propiedad resulta afectada con este tema. Es todo eso lo que a mí, como representante de la sociedad, me toca promover, que la sociedad pueda incidir en esos borradores para que se borre o se pase a limpio".
En otro tema, hay quienes proponen que se cambien las facultades y las funciones de la Procuraduría...
"Inicialmente había nubarrones negros, se presentaron entre cuatro o cinco proyectos de equilibrio de poderes. Se hablaba, por ejemplo, de la exclusión de la Procuraduría del sistema penal acusatorio; se hablaba de la exclusión en materia de promoción, defensa y efectividad de los derechos humanos; de la prohibición de que coexistiera lo penal con lo disciplinario; de la elección del Procurador y de su reelección y no sé de qué otras cosas más. Yo me permití hablar con los congresistas por invitación de ellos mismos, tanto en sesión pública como en reuniones con los ponentes, hacer un ejercicio dialéctico sobre los riesgos que implicaría excluir al Ministerio Público de la intervención judicial, y puntualmente del sistema penal acusatorio, porque realmente la Constitución del 91 tuvo a bien vigorizar la Procuraduría, y una cosa es la concepción del procurador en la del 86 y otra cosa es en la del 91. Se vigoriza porque se le coloca como protector, promotor y defensor de los derechos humanos. Por eso podemos intervenir en la creación, vigilancia y gestión de las políticas públicas y se transversaliza la función de la Procuraduría en esos tres ejes misionales en todo el Estado y la sociedad, y aparece como garante de los derechos constitucionales. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio hay quienes dicen que hay unas partes que son el Estado y el procesado, entonces dicen que ahí no cabe la Procuraduría porque desequilibra y agregan que en Estados Unidos no existe el ministerio público en el sistema penal, pero olvidamos que en el sistema penal acusatorio anglosajón la sociedad está presente con el jurado de conciencia, que aquí no puede haber porque los matan. Aquí la sociedad está representada por el Ministerio Público, que no tiene unas funciones similares a las del juez de control de garantías, porque este garantiza los derechos a la libertad, mientras que el Ministerio Público todos los demás y la defensa del patrimonio público. Por eso se le permite ser un tercero interviniente, solicitar pruebas e impugnar, y eso legitima el proceso da garantías. Por ejemplo, el cartel de la contratación en Bogotá: el señor Emilio Tapia, negoció; Julio Gómez, negoció; los Nule negociaron en materia de reintegrar el patrimonio público que "al parecer había sido afectado". Y se negociaron también los delitos, y las penas, y la Procuraduría al no estar de acuerdo, impugna, y el Tribunal le da la razón".
¿Le parece que su gestión ha resultado incómoda en la Casa de Nariño y por eso proponen cambiar un poco el rol de la procurador?
"Yo no sé las razones ni los motivos, eso es mejor preguntárselo a ellos, pero me permite hacer unas reflexiones sobre la forma de elección del procurador. En la Constitución del 86 el Ministerio Público se ejercía bajo la suprema dirección del Gobierno. Hoy no es así, el constituyente vigorizó la Procuraduría, le dio la función de hacer efectivos los derechos humanos y la fortaleció, le dio autonomía e independencia. A mí se me acusa de reaccionario, que es uno de los estigmas que yo he asumido con indiferencia, pero sin disgusto. Esta reforma, en esa materia, se hizo pensando en la Constitución del 86, y si eso se aprueba, incidirá en la autonomía e independencia de quien me suceda en la Procuraduría".
¿Qué piensa de la eliminación de la reelección?
"Me parece bien. Yo pienso que la reelección en sí misma no es ni mala ni buena, no puede estigmatizarse como institución. Pero como principio constitucional eso no es objeto de grandes batallas ni ideológicas ni políticas. Si el país y la opinión pública han estimado que eso no es ni conveniente ni prudente, yo estaría de acuerdo".
¿La democracia está asediada por el ejecutivo?
"Sí, pero ese asedio se neutraliza con el equilibrio de poderes. Ese asedio se evita con el fortalecimiento de órganos que de manera independiente ejerzan los controles institucionales. Pretender que estas democracias sean homogéneas o considerar que el control es un obstáculo es, en últimas, deslegitimar la democracia misma".
Uno de los temas más controversiales de la reforma es el tribunal de aforados, sobre el cual el Fiscal ha expresado sus dudas, ¿tiene razón el Fiscal?
"Suave en el modo y fuerte en los contenidos. Independientemente de criticar al señor Fiscal, que no me interesa, ya lo he criticado tantas veces que no me interesa hacerlo más, yo creo una cosa, y es que todos estamos de acuerdo en que la Comisión de Acusación fue ineficiente, ineficaz, se convirtió en un instrumento que en su inoperancia ha contribuido a la deslegitimación de la democracia. Segundo, creo que estamos de acuerdo, y los magistrados incluidos, en que debe existir un órgano que ejerza el control sobre las eventuales conductas de los altos funcionarios que hayan desconocido el ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus funciones y que se le puedan derivar responsabilidades. Si estamos de acuerdo en esos dos presupuestos, es necesario entonces un órgano que cumpla con esas funciones, que determine si existieron o no responsabilidades civiles o administrativas o penales en el ejercicio de la función judicial, porque nadie admitiría que hubiesen funcionarios sin el control requerido.
Pero mire, los debates constitucionales son ocho. Ya va el primero, entonces ese diseño constitucional debe corresponder primero a quienes serían los sujetos que estarían sometidos a ese aforamiento, y segundo, dadas sus competencias se debe crear una institución con las garantías procesales que le permitan el derecho a la defensa, al debido proceso y una protección a los altos roles por la dimensión de importancia y trascendencia de sus decisiones. Entonces es una discusión que debe darse en el Congreso, en los escenarios institucionales con el ejercicio dialéctico, sin amenazar a nadie, sin estigmatizar a nadie. Yo fui a la Comisión Primera a hablar de estos temas de la Procuraduría y de cómo consideraba que debía darse ese diseño constitucional y a defenderlo, y salí satisfecho.
A mi me late que lo que mueve al señor Fiscal no es la defensa del fuero, o mejor, esa airada defensa del fuero de los magistrados. Yo creería que no es movida por una defensa de la magistratura sino una mortificación por haber quedado aforada la excontralora Sandra Morelli".
¿Le queda bien al Fiscal hacer esos llamados a la protesta tan enérgicos?
"El fiscal Montealegre parecía más un militante de la Juco (Juventud Comunista), que un Fiscal General de la Nación. Que vaya al Congreso y debata con Claudia López ".
¿Será que los aforados no quieren ser investigados?
"Pienso que es indudable que los magistrados no son refractarios a que se les investigue adecuando el diseño constitucional al órgano que ellos representan, el organismo de cierre, que sea adecuado a la magnitud de sus decisiones y reconociendo esa protección. Pienso que el aforamiento va a tramitarse en las otras sesiones sin dramatismo".
Hablemos de la situación en Carmen de Bolívar, ya han renunciado algunos médicos, ¿hubo descuido del Ministerio de Salud?
"Sí. Ya han renunciado siete médicos, pero yo no puedo hacer un juicio de valor definitivo. Hay que tener en cuenta varias consideraciones: primero, hay un hecho objetivo, unos episodios que han afectado la salud de 420 niñas. Hubo una primera reacción del Gobierno, que no quiero adjetivar, descartando cualquier relación entre las vacunas y esos episodios, diciendo que era una reacción psicológica. Segundo hecho: hasta hoy la Procuraduría ha recibido 30 quejas de seis municipios diferentes al Carmen de Bolívar, como Bogotá, Medellín, Valledupar, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, de distintos estratos, que incluso se están organizando como víctimas. Tercer episodio: en los protocolos del Ministerio se exigía el consentimiento informado de los padres, habrá que verificar si se le dio la información a los padres sobre los eventuales riesgos. Cuarto hecho: el contexto internacional, en México, Perú, Japón y España, se han presentado episodios similares y varios de esos países han suspendido la aplicación de la vacuna. Incluso en Estados Unidos hay una ley de 1988 para indemnizar a quienes hayan sufrido los efectos adversos de las vacunas, incluyendo el Gardasil. Son hechos, yo no puedo decir nada, por el momento, por ser un tema científico, si existe o no relación entre la vacuna y los efectos que están sufriendo estas niñas. Hay dos niveles en los que estamos actuando: la atención a las niñas para garantizarles su derecho a la salud, y ahí estamos vigilando y citando a todas las autoridades involucradas en el tema, y la investigación sobre las causas de si la vacuna tiene o no efectos secundarios, pero eso que lo digan los científicos. Yo solo cumplo con mis funciones por el momento y es que las entidades del sistema de salud garanticen los derechos de las niñas, lo otro es un tema de salud pública".
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