Distintos grupos sociales brasileños, desde tribus indígenas hasta docentes, están aprovechando el Mundial como telón de fondo para promover sus causas.
Cientos de personas agitan las calles cada día con un motivo distinto, sumándole voltios a la preocupación del gobierno Dilma Rousseff por la imagen de su país, deteriorada desde hace meses por cuenta de la demora en la entrega de obras.
Ayer fueron 500 indios de diversas etnias los que se congregaron frente al Ministerio de Justicia en Brasilia para protestar por un proyecto que alteraría sus reservas naturales; hoy protestarán ciudadanos indignados en distintas ciudades, y el próximo 5 de junio los operarios del metro de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, prometen paralizar la ciudad en busca de un aumento salarial.
La razón de la indignación colectiva trasciende el deporte. Son los 11.500 millones de dólares que costará el Mundial más caro en la historia, sumados a una lista de proyectos de infraestructura inconclusos que le recuerdan a los brasileños las causas de su pobreza: la burocracia, la corrupción y las políticas que priorizan los grandes proyectos por encima del transporte, la educación y la salud.
El Gobierno y la Fifa tienen los pelos de punta y no solo porque a días del arranque, los alrededores de los estadios parecen a menudo áreas de construcción. El temor por las protestas es tal, que la policía de Sao Paulo quiere arrestar y encarcelar a manifestantes violentos antes del Mundial usando escuchas telefónicas y otros métodos de vigilancia.
Fernando Grella, el principal funcionario de seguridad del estado de Sao Paulo, dijo a Reuters que la policía estaba recogiendo posibles casos criminales contra un pequeño número de líderes de las protestas, tal vez una docena, quienes dijo están conspirando para "cometer actos violentos, romper cosas, y agredir a personas".
Si bien muchos de los manifestantes han sido pacíficos miembros de la clase media, varias marchas han resultado en enfrentamientos con la policía y disturbios de los que funcionarios culpan a un pequeño número de estudiantes y otros jóvenes.
Reconocen errores
La "intensa operación de inteligencia" descrita por Grella es una de las más extensas ejecutadas hasta el momento por las fuerzas de seguridad brasileñas.
Grella dijo que la policía había utilizado vigilancia por video y registros internos en Sao Paulo para identificar a los manifestantes más violentos y, en algunos casos, intervinieron sus teléfonos y vigilaron su uso de medios sociales y tráfico de correo electrónico.
El Gobierno central, por su parte, reconoce que ha cometido errores, pero que sigue encaminado a realizar un torneo "fantástico" en junio y julio. Así lo dijo el viceministro de Deportes, Luis Fernandes.
El funcionario destacó, en primer lugar, que el gobierno federal fue excluido de parte del proceso de toma de decisiones entre 2007, año en que Brasil se adjudicó el derecho a organizar el torneo, y 2012.
"Sólo fuimos incluidos en ese proceso hace poco más de dos años y creo que si hubiésemos sido incluidos desde el principio, el nivel de integración habría sido mayor", dijo a periodistas en una conferencia telefónica.
Fernandes aseguró también que no deberían haber dado por supuesto que los beneficios de albergar el torneo eran evidentes para todos y que habían aprendido las lecciones para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
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